Este jueves en el Tribunal provincial de La Habana se juzgará a cuatro jóvenes que robaron y luego quemaron una bodega en La Habana, para los que la fiscalía pide sanciones de entre seis y 20 años de prisión por los delitos de “sabotaje” y “robo con fuerza”.
Jorge Eduardo Echeverría Barro, de 26 años de edad, y Yulexis Francisco Manrique Arrebato, de 35 años, enfrentan sanciones de 20 años y 18 años de privación de libertad, respectivamente, por la comisión de ambos hechos.
Para los otros dos imputados: Yan Carlos Estrada Montero y Yusniel Rubén Barrueta Vergara, de 18 y 22 años de edad, respectivamente, se solicitan seis años de cárcel por robo con fuerza.
El hecho ocurrió en la bodega La Lira, en el barrio de Mantilla, en Arroyo Naranjo, el 11 de septiembre del 2017,
Los acusados, en prisión provisional desde que fueron capturados, pasaron más de cuatro meses en 100 y Aldabó.
“Las visitas eran ante un oficial del Ministerio del Interior”, reveló un familiar de Yan Carlos a Diario de Cuba.
“Los van a sancionar como si fueran contrarrevolucionarios o gente de los derechos humanos. Ellos declararon que intentaron darle candela a la bodega para no dejar rastros, pero no estaban haciendo sabotaje”, dijo la madre de uno de los reos, que no quiso identificarse.
Los productos sustraídos son: 63 libras de aceite, 359 paquetes de café, 126 compotas, dos ruedas de cigarros criollos y 350 pesos cubanos. El valor de estos artículos es de 2.127,80 pesos, alrededor de 85 dólares.
A ello se agregan los daños causados por el incendio, que destruyó 4.435 libras de arroz, 374 libras de frijol, 699 libras de azúcar refino, 637 libras de azúcar crudo, 169 libras de aceite, 35 paquetes de sal, 126 compotas, 708 cajetillas de cigarros y 1.597 libras de chícharo.
Las pérdidas totales, entre lo robado y lo quemado, asciende a 42.791 pesos, unos 1.711 dólares.
Según el documento de la fiscalía, Yulexis Francisco y Jorge Eduardo arrojaron dos botellas de keroseno sobre los estantes de la bodega y les prendieron fuego con el objetivo de eliminar las evidencias del delito.
Para los parientes de los acusados esa propia afirmación “pone en duda que la intención haya sido propiamente realizar un acto de sabotaje”.
Tras el hecho, la bodega estuvo tres meses sin prestar servicios.
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