Vecinos del batey El Pastoreo, de Sancti Spíritus, criticaron que en la prensa se haya anunciado la electrificación “al 100%” de todo el territorio, cuando tanto esa localidad como otras dentro de la provincia llevan décadas sin acceso seguro al servicio.
Según denunció el espirituano Héctor R. Pérez en una carta enviada esta semana al periódico Juventud Rebelde, los habitantes de El Pastoreo “están cansados de que les posterguen la conexión eléctrica”, un problema que data de hace más de 30 años.
El poblado se encuentra a un kilómetro de la línea principal de la electricidad, pero sus residentes no tienen acceso a ella, sino que han logrado obtener con limitaciones el servicio gracias a una tendedera -ilegal- “puesta por esfuerzo propio”.
“Nunca se ha hecho ni el intento de arreglarla, a pesar de las tantas veces que lo hemos planteado en diversos escenarios y a diversas personas, como al delegado y otros funcionarios”, explicó el lector de JR.
Pérez lamentó que en los medios de comunicación se haya dado por electrificada al ciento por ciento la provincia, cuando ellos, parte de la tierra yayabera, aún lo están a medias.
“El mes anterior (junio) en un encuentro con el delegado nuevo, este nos informa que ya se contaba con el presupuesto del Estado para electrificar el batey, que era una de las trabas que había anteriormente y que sería (…) antes que culminara el segundo trimestre; que contaba hasta con el documento firmado por la OBE de Yaguajay… Pasó el trimestre y nada de nada”, contó.
El Pastoreo no es la única localidad rural sin servicio eléctrico seguro y regulado. De hecho, este año autoridades de varias provincias se han dado a la tarea de ‘desconectar’ de las peligrosas tendederas a numerosos asentamientos que reciben electricidad gracias a este método, tolerado pero ilegal.
A finales del mes pasado, funcionarios de Las Tunas contabilizaron a más de 20.000 familias que utilizan las tendederas eléctricas en zonas donde es precaria o nula la infraestructura de este servicio.
En estos casos, las autoridades prevén un proceso de “rehabilitación” y “normalización”, aunque no está claro si al cierre de estas labores el Estado garantizará el servicio eléctrico en la totalidad de los hogares que incurren en la ilegalidad y si serán multados los que se valen de esta alternativa.
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