Autoridades cubanas han amenazado a casi una veintena de familias con demoler sus viviendas, situadas en las márgenes del río Canímar, cerca de la autopista que conduce a Varadero, informó el portal de Diario de Cuba.
Según recoge el medio, la Dirección Municipal de la Vivienda de Matanzas intenta desalojar a 17 familias que residen desde 2001 en un terreno colindante con una fábrica de derivados del henequén, alegando que el territorio pertenece a dicha entidad.
"Aquí nacieron nuestros hijos, que ya van a la escuela y muchos a la secundaria básica", dijo a DDC el vecino de la comunidad Yosvany Maldonado León
Maldonado explicó que las viviendas son de mampostería y techo de zinc. “Algunas ya tienen las cubiertas de cemento, todas están electrificadas. Ahora, nos dicen que son tierras pertenecientes a la henequenera y debemos derrumbar las viviendas y marcharnos a nuestro lugar de origen”, relató.
Osleidis Áreas, una de las afectadas con el hostigamiento de las autoridades, comentó que la Policía inicialmente dio un ultimátum de 72 horas para que derrumbaran los inmuebles, que forman parte de un caserío mayor compuesto por más de 150 casas.
"Pero por el Plan Verano (vacacional) han detenido la represión, pues han venido desde otras provincias muchos familiares nuestros y están pasando las vacaciones con nosotros. Hemos conocido que solo están esperando que se vayan los visitantes para volver a la carga", aseguró.
El sitio donde se localizan estas edificaciones habría sido un campo de baseball antes de 1959 y luego fue convertido en basurero, según la activista Denia Fernández Rey, familiar de una de las vecinas.
"La gente fue llegando, limpiando y acomodándolo para vivir. No es justo que, luego de tantos años de habitarlo, ahora los desalojen sin una justificación que los convenza", dijo.
Maldonado, por su parte, asevera que los residentes del caserío han hecho todo lo posible para detener el desalojo. "La henequenera, que es la dueña de las tierras, dice que esto es un asunto del Ministerio de Agricultura”, explicó.
“En cambio, Agricultura se limpia las manos diciendo que este es un problema del Gobierno, y el Gobierno alega que es jurisdicción de la henequenera; un círculo vicioso en el que todos le dejan el trabajo sucio a la Policía, que viene con la fuerza y nos dice que debemos derrumbar las casas".
Otra vecina entrevistada, Jaquelín Romero Sosa, relató que el “último intento de desalojo tuvieron que detenerlo cuando a una embarazada le subió la presión y tuvieron que llevarla en una ambulancia para el hospital de Matanzas".
"También perdimos a un compañero hace dos meses, Rolando Mariño, de 50 años, quien sufrió un infarto masivo por las amenazas de desalojarlo de su vivienda", lamentó.
Su esposo, Noel Piña Espinoza, afirmó que a muchos habitantes el banco les entregó créditos para comprar materiales de construcción con lo que mejoraron sus casas.
"Aquí tenemos una farmacia, una escuela primaria, dos consultorios y un kiosco en divisas. Es una comunidad organizada donde todos sus pobladores trabajan y están integrados al CDR y a la FMC. Entonces, no somos tan ilegales como ahora quieren hacernos creer", subrayó.
En mayo de este año, la prensa cubana divulgó que en la misma provincia el Gobierno había expropiado a 22 familias que vivían en contenedores reutilizados, por afear el corredor turístico que une a la ciudad con el balneario de Varadero.
El periódico local Girón informó en ese momento, que durante un chequeo de Planificación Física se detectaron cerca de 370 inmuebles con irregularidades en 19 asentamientos humanos, “con 35 violaciones con obligación de hacer, y 38 nuevas ilegalidades”.
Se desconoce hasta el momento qué alternativas quedan para las familias desalojadas.
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