María Victoria Gil revela cómo se enteró del desalojo de su familia en Cuba

María Victoria Gil, hermana del exministro cubano de Economía Alejandro Gil Fernández, reveló que se enteró del desalojo de la familia de su hermano de la casa de Miramar no por sus propios familiares, sino por tres periodistas que le escribieron simultáneamente el miércoles.

«No me enteré por ustedes. Me enteré por Mario Pentón y por Mailyn Legañoa y por ti, por ustedes tres, que me escribieron prácticamente al unísono y me dijeron que habían desalojado a mi familia de la casa de Miramar», declaró en entrevista con Tania Costa, de CiberCuba.

Tras recibir los mensajes, María Victoria contactó a su sobrina Laura María Gil González, quien le confirmó que el operativo había comenzado a las siete de la mañana del miércoles, tras varios días de aviso previo a la familia.

La sobrina había optado por no informarle antes para evitarle angustia. «Ella no me había comunicado nada para que yo no estuviera en estrés preguntándole, escribiéndole, en fin, que ya yo había recogido toda la casa y todo», explicó María Victoria.

El régimen desalojó a la familia de Alejandro Gil de la casa en Playa y la trasladó a una propiedad familiar en Santos Suárez, municipio Diez de Octubre, que llevaba entre dos años y medio y tres años cerrada.

Esa casa familiar era el bien que la sentencia también pretendía confiscar, acusando que la donación que María Victoria le hizo a su sobrina era «ficticia».

Sin embargo, las autoridades revisaron la documentación y reconocieron la legalidad de la transferencia. «Revisaron documentación y se dieron cuenta de que la donación que yo le hice a mi sobrina era legítima, legal. La realicé ante notario público en una notaría de Plaza de la Revolución, una donación legal de tía a sobrina, sin ningún artifugio, sin nada absoluto», afirmó.

María Victoria explicó que donó la propiedad —heredada de sus padres, el arquitecto Esperanza Fernández Castel y Miguel Ángel Gil Castillo— porque reside en España y no tenía intención de regresar a Cuba, mientras su familia vivía en condiciones precarias.

El propio Alejandro Gil había comparecido ante el notario Lázaro Corzo y renunciado a su parte alícuota de la propiedad, adjudicándosela íntegramente a su hermana, quien luego la donó a su sobrina.

Como resultado, en lugar de dejar a la familia «literalmente en la calle», el Estado devolvió la propiedad de Santos Suárez en mejores condiciones.

«Les entregaron la casa pintada, paredes, techos, puertas, ventanas», precisó, aunque reconoció que el cambio no es equivalente: «Comparar una casa en Miramar con un apartamento en Santos Suárez no es igual, la niña está acostumbrada a montar en velocípedo por el hall enorme de la casa de Miramar».

María Victoria atribuyó el resultado a la presión mediática y a una campaña internacional que visibilizó el caso, y aprovechó para desmentir informaciones que circularon en redes: «La casa tiene dos plantas, pero debajo vive un viceministro que no sé de qué ministerio es ni cómo se llama, y en los altos vive mi hermano».

La propiedad de Miramar era una asignación del CESE (Comité Estatal de Colaboración Económica), empresa estatal desaparecida, obtenida mediante permuta estatal cuando la sobrina entregó la casa familiar.

El desalojo es la ejecución de la sanción de confiscación de bienes incluida en la cadena perpetua ratificada por el Tribunal Supremo el 24 de enero de 2026, tras la condena a cadena perpetua dictada el 8 de diciembre de 2025 por espionaje y corrupción.

En marzo de 2026, María Victoria pidió que su hermano fuera reconocido como preso político ante la comunidad internacional.

En la entrevista, María Victoria también insistió en que la investigación contra su hermano comenzó mucho antes de su destitución: «Lo de mi hermano se viene cocinando hace tiempo. Ahora lo he corroborado con esta situación», y advirtió que cuando pueda leer las conclusiones definitivas de la Fiscalía General de la República, «los fiscales que participaron en este procedimiento van a tener que renunciar».