La Unión Liberal Cubana (ULC), un partido político que busca acabar con el gobierno castrista por la vía pacífica y defiende la instauración en la Isla de una democracia liberal, cree que Cuba necesita "un gran pacto cívico que restablezca la concordia nacional y coloque al país a la altura de los tiempos que vivimos", según una nota de prensa enviada a CiberCuba.
La ULC entiende que el proyecto de reforma constitucional "es más una callada rectificación de viejos errores y crímenes cometidos contra el pueblo cubano" que una adaptación a los nuevos tiempos.
Ese necesario "pacto constitucional" servirá, entre otras cosas, para evitar que las leyes cubanas amparen violaciones de derechos humanos; para que las fuerzas productivas generen riqueza y para que los cubanos de fuera y de dentro puedan ir y venir libremente y reconstruir sus familias.
ULC defiende la necesidad de una nueva Constitución en la Isla que permita aprobar leyes para evitar que el Gobierno continúe discriminando a los cubanos según el país donde han decidido residir. De esta forma se anularía el poder del Estado para despojar de propiedades y derechos y limitar la capacidad de regresar a Cuba.
La nueva Carta Magna que defiende la Unión Liberal Cubana no subordinaría los intereses generales a los de ningún partido político. Por esto critica que el proyecto de reforma aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular "pretenda mantener intacto el poder del partido" pese a que "resulta evidente" que Cuba no avanza hacia el socialismo o el comunismo sino hacia la economía de mercado y el pluralismo político.
Desde la ULC defienden que el Estado cubano ya no puede ser socialista tal y como se entendía en 1976 o 1989 cuando existía la Unión Soviética, por eso considera que una nueva Constitución debería prescindir de adjetivos y representar a una República "en la que tengan cabida todos los cubanos sin discriminaciones ni por raza, opinión política, origen social o sexo.
La nueva Constitución que defiende la Unión Liberal Cuba busca que todos los cubanos tengan derecho a la propiedad individual y colectivamente; prohíbe que alguien sea despojado de su propiedad y aboga por que todos tendrán derecho a la libertad de expresión y de opinión. Asimismo ampara que los padres podrán elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y veta la obligación de pertenecer a organizaciones de masas.
También podría devolver a los cubanos el derecho a elegir su Gobierno libremente. De esta forma el régimen podría confirmar si de verdad la gente quiere construir el socialismo o si, como sostienen los opositores, quieren un cambio democrático en el país.
A continuación el texto íntegro de la Posición de la Unión Liberal Cubana en lo relativo al cambio constitucional en Cuba
1. La Unión Liberal Cubana (ULC) considera que Cuba necesita un gran pacto cívico que restablezca la concordia nacional y coloque al país a la altura de los tiempos que vivimos. Para que las violaciones de derechos humanos dejen de estar entreveradas en las leyes de la nación, para que las fuerzas productivas puedan generar riqueza, para que los cubanos de dentro y de fuera puedan ir y venir libremente y reconstruir sus familias, para que la Patria deje de ser hacienda de unos pocos jerarcas y se convierta en auténtico patrimonio de todos, para que el Estado supere su condición actual de quiste histórico y llegue a ser un instrumento de desarrollo, garante de derechos y libertades. Para todo esto, es necesario un nuevo pacto constitucional.
2. La elaboración y adopción de una nueva Constitución a partir de esas premisas tendría ventajas innegables para todos. Facilitaría, por ejemplo, la aprobación de leyes que permitiesen eliminar la discriminación que el Gobierno aplica a los cubanos según el país en el que han decidido residir. No deja de ser significativo el hecho de que, al amparo de la Ley Fundamental vigente, se hayan dictado normas discriminatorias contra quienes decidieron salir de la Isla y asentarse en otras tierras. En la práctica, se les despojó de sus propiedades y sus derechos, y se limitó severamente su capacidad de regresar a Cuba.
3. Otra ventaja sería que los derechos y las libertades consagrados en una nueva Carta Magna no tendrían por qué subordinarse a los intereses de ningún partido. Entre otras cosas, porque si bien el anteproyecto de la nueva Constitución pretende mantener intacto el monopolio político del Partido Comunista de Cuba, resulta evidente que la sociedad cubana ya no avanza hacia los “altos fines de la construcción del socialismo y el comunismo” -proclamados por el régimen durante 60 años-, sino que lo hace lenta pero inexorablemente hacia la economía de mercado y el pluralismo político.
4. El Estado cubano ya no puede ser socialista en el sentido que ese término tenía en 1976 o en 1989, antes de la desaparición del mundo soviético, ni volverá a serlo nunca. Así que en la ULC consideramos que sería más apropiado podar los adjetivos y hablar sólo de Estado y República de Cuba. Un Estado y una República en la que tuvieran cabidatodos los cubanos, sin discriminar a nadie por motivos de “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, como estipula el Artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
5. La nueva Constitución podría garantizar, entre otras prerrogativas, todos los derechoshumanos universalmente reconocidos, que la Ley actual viola de manera intrínseca, al supeditar su ejercicio a la conveniencia del Partido Comunista. Por ejemplo, podría proclamar que “(1) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente; (2) Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. (DUDH, Artículo 17). O reconocer que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” (DUDH, Artículo 19). O estipular que “(1) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; (2) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación” (DUDH, Artículo 20). O consagrar uno de los derechos principales que el castrismo ha violado desde 1961: “el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” (DUDH, Artículo 26). Entre otros efectos positivos, se evitaría así la esquizofrenia actual en la que el Estado cubano aprueba y defiende en los organismos internacionales los mismos derechos que niega a sus ciudadanos dentro de la isla.
6. La nueva Constitución podría también devolver a todos los cubanos el derecho a elegir el gobierno bajo el cual desean vivir. Bastaría con incorporar el artículo 21 de la DUDH que proclama que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”, lo que evidentemente no ocurre en Cuba hoy. Porque sólo mediante elecciones libres en las que todos puedan participar en condiciones equitativas se sabrá si, como sostiene el gobierno actual, la mayoría de los cubanos desea seguir con el sistema socialista o si, como sostenemos los opositores, quiere un cambio de sentido democrático y liberal, capaz de transformar a su vez no sólo la vida política, sino también la economía y la sociedad, para construir un futuro más libre, próspero y tolerante, donde quepan todos los cubanos y se respeten todas sus ideas. Porque un régimen democrático no es sólo una estructura de poder donde la mayoría decide quién gobierna, sino también un sistema en el que se respetan los derechos de las minorías y se puede cambiar de gobierno cuando cambia la preferencia mayoritaria de los ciudadanos.
7. El debate y la aprobación de una nueva Carta Magna son inaceptables en el contexto de marginación, unanimidad fingida y ausencia de libertades que prevalece en Cuba. Para que la discusión y el voto pudieran llevarse a cabo con un mínimo de garantías, el gobierno tendría que amnistiar a los presos políticos, suspender la represión contra los opositores y permitir que las diversas corrientes de opinión puedan expresarse en los medios de comunicación, en plano de igualdad. Sólo si todas las opiniones y posturas políticas reciben, con entera libertad, la posibilidad de exponer sus ideas y proyectos, podrán los ciudadanos juzgar la verdad y pertinencia de sus argumentos y elegir en consecuencia.
8. Sin esas garantías mínimas, no es posible llamar Constitución a un código segregacionista urdido con sigilo en un par de semanas por tres docenas de burócratas del PCC y que vulnera derechos humanos reconocidos universalmente. Un documento que será glosado y comentado por un grupo de súbditos vigilados y temerosos, siempre dispuestos a aplaudir, y al que se aportarán los cambios cosméticos que las autoridades crean oportunos, sin tocar para nada lo esencial del asunto. Reglamento, prontuario o normativa serían nombres más adecuados para un documento así.
9. Otro tanto podría decirse del método establecido para justificar la promulgación del texto. Referendo o referéndum es “procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos”. En este caso, la aprobación por aplastante mayoría puede darse por descontada. Incluso si un número considerable de cubanos votara en contra o se abstuviera, el resultado positivo sería el mismo y probablemente los porcentajes de participación, abstención y voto afirmativo ya están decididos en las instancias competentes.
10. Comoquiera que la nueva Constitución propuesta es más una callada rectificación de viejos errores y crímenes cometidos contra el pueblo cubano que una adaptación a los nuevos tiempos, sería muy importante que el gobierno, en el preámbulo del nuevo texto, pidiera perdón a la sociedad. Perdón por las persecuciones a los creyentes y homosexuales, a los que fueron víctimas de confiscaciones de propiedades legítimamente adquiridas, a quienes fueron encarcelados por tratar de emigrar clandestinamente, a los familiares de los injustamente fusilados y, en general, a todas las personas agraviadas sin otro objetivo que hacer una revolución evidentemente fallida, que ha empobrecido material y espiritualmente a los cubanos. Como es notorio, la reconciliación comienza por la admisión de culpas.
11 Pero lo que hace ahora el gobierno castrista no es renovar la Ley Suprema del país, sino consolidar un instrumento discriminatorio y opresivo, que seguirá vulnerando derechos y libertades. La ULC rechaza este proceso espurio y no se prestará a colaborar con quienes mantienen una abierta represión contra disidentes y opositores. La vía liberal hacia el cambio constitucional integra a todas las voluntades y no es excluyente. Busca el consenso, identifica puntos comunes y trata de alcanzar un gran acuerdo nacional que siente las bases de la legitimidad duradera. Lo que intentan ahora los jerarcas del castrismo es ganar tiempo y ofrecer al resto del mundo una imagen edulcorada de un sistema que en lo esencial seguirá siendo una dictadura excluyente, opresora y enemiga de la libertad. Desde la ULC condenamos esta operación que en modo alguno beneficia al pueblo cubano.
12 Que nadie lo dude: el ciclo histórico de la utopía comunista ya concluyó. El régimen de economía estatizada, partido único y control social omnipresente también desaparecerá en Cuba tarde o temprano; mientras más demore su tránsito, mayor será el costo humano y material que el país tendrá que soportar y más dificultosa será su reintegración al mundo contemporáneo.
Unión Liberal Cubana.
¿Qué opinas?
COMENTARArchivado en: