El pasado viernes un grupo de 29 jóvenes abogados cubanos ―integrantes de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos― “juraron” en “ceremonia solemne” dedicada a Fidel Castro, servir con “profesionalidad, ética y elevado sentido patriótico y revolucionario” como nuevos integrantes de esa institución.
La ceremonia, reseñada por un medio local en los citados términos, sirvió de colofón del décimo encuentro nacional de egresados universitarios, promovido cada año por la junta directiva de Bufetes Colectivos en Cuba.
El acto incluyó un recorrido por sitios históricos de la provincia de Granma, y el joven abogado George Miguel Aliaga Piñeiro leyó un documento en el que expresó que “serán fieles seguidores del legado de revolucionarios como Fidel, y sus 81 compañeros expedicionarios del Yate Granma, que trajo a la Isla la carga humana para que la Revolución triunfara con todos, y para el bien de todos”.
Sin embargo, vale recordar que uno de los principios aceptados en el mundo occidental es el de "independencia judicial", habitualmente formulado en los términos “división o separación de poderes”, y citados por Naciones Unidas en los "Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura", que datan de 1985.
Dichos principios establecen que "La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura".
En reciente artículo, el abogado Michel Fernández Pérez analizaba el impacto de ese tema en la justicia cubana, y enfatizaba que "Uno de los aspectos más criticados respecto a la independencia judicial en Cuba es la subordinación estructural de los tribunales a la ANPP (Asamblea Nacional del Poder Popular)”.
Recordaba, además, que ese fenómeno estaba motivado por la “estructura del ejercicio del poder en Cuba, que hasta hoy (e incluso en el proyecto de la nueva constitución) mantiene el principio de la unidad de poder”, lo que supone que “el Consejo de Estado puede impartir instrucciones de carácter general a los tribunales (artículo 117 m) y que el Tribunal Supremo tiene que rendir cuentas de su gestión ante la ANNPP”.
Escenas de absoluta dependencia ideológica entre los profesionales dedicados a impartir justicia y el Estado, como la reseñada por el diario local La Demajagua, no deben extrañar, por tanto, tratándose de Cuba.
¿Qué opinas?
COMENTARArchivado en: