En la mañana de ayer martes fue arrestado por las autoridades mexicanas Alfonso Guerrero Ulloa, el hondureño que la pasada semana entregó una carta al consulado de Estados Unidos pidiendo 50 mil dólares para cada integrante de la Caravana Migrante, como condición colectiva para desistir del intento asilo en territorio nortamericano.
Fuentes de la Policía Federal han confirmado el arresto por considerar al hombre responsable de una “alteración del orden” en el albergue temporal de migrantes de El Barretal (Tijuana).
Medios de prensa destacan que el origen del incidente habría sido una pelea con otros integrantes de la caravana, que se consideraban engañados y que no estaban de acuerdo con la convocatoria de una nueva marcha promovida por Guerrero Ulloa, por creer que esa acción solo les traería nuevos problemas.
El incidente ha servido para sacar a la luz que el presunto líder en realidad no forma parte de la caravana de personas que vino caminando desde Honduras a lo largo de más de un mes, sino que lleva viviendo en México desde hace 31 años.
Los migrantes han indicado que el hombre ha tratado de convertir “el movimiento humanitario en algo político”, aunque confiesan que aceptaron su liderazgo en un principio porque lo vieron como una posibilidad de avanzar hacia una respuesta del gobierno estadounidense.
Una petición de Change.org,abierta por él mismo da cuenta de su pasado y en ella señala que fue acusado “falsamente” en 1987 de ser actor material de un atentado en el restaurant China Palace, de la ciudad de Comayagua (Honduras), donde seis marines de la Base Militar de Palmerola resultaron heridos.
Según afirma, ese hecho lo obligó a exiliarse en México, donde lleva "30 años lejos de mi patria y familia, viviendo miserablemente. Creo tener derecho a una justa indemnización y mi retorno a mi patria”, declara en esa solicitud online.
Su propuesta de pedir 50 mil dólares a cambio de desistir del ingreso en Estados Unidos no encontró consenso entre la mayoría de los inmigrantes, e incluso algunos declararon que aunque les dieran el dinero seguirían intentado entrar a territorio norteamericano, pues su fin era el asilo.
Tras esa petición económica, algunos activistas pro-migrantes destacaron que ese tipo de solicitudes no ayudaban a la imagen y sentido humanitario de la caravana.
Tras el arresto, un juez del Ministerio Público ha enviado a Guerrero Ullo a las autoridades migratorias con el fin determinar su estatus legal.
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