El Gobierno cubano niega que el nuevo impuesto sobre las tierras ociosas y forestales tenga fin recaudatorio. Según recoge el diario Granma, sólo busca regular y estimular la explotación de los suelos "con el beneficio de que lo recaudado se reinvierte en el sector agropecuario", recalca el rotativo oficialista.
El año pasado empezó a cobrarse el impuesto sobre tierras ociosas en Pinar del Río y Cienfuegos y este año se extenderá a Artemisa, Mayabeque y Matanzas tras aprobarse en el segundo periodo de sesiones del Parlamento cubano en diciembre pasado.
La Ley de Presupuestos de 2018 dio luz verde a empezar a cobrar de forma experimental por tierras ociosas en Pinar del Río y Cienfuegos. Se trata de un impuesto que fue aprobado en 2013 (Ley 113 del Sistema Tributario), pero que no se había aplicado hasta el año pasado.
En Pinar del Río se han registrado 33.000 hectáreas de tierras ociosas y 20.309 en Cienfuegos. En ambas provincias se ha cifrado en 2.140.000 pesos el monto a cobrar a 4.717 propietarios (entre privados y entidades estatales). De ellos sólo se han abonado 1,3 millones de pesos.
Los impuestos se dividen en cuatro categorías y en dependencia de éstas se paga un mínimo de 45 pesos por hectárea y un máximo de 180 pesos/ hectárea. Para poder cobrar esta tasa, el año pasado se hizo una "inspección detallada de las tierras ociosas" y se clasificaron atendiendo a dos criterios: las que no se explotan y tienen calidad (pagan más impuestos) y las que están en desuso.
El Gobierno cubano defiende que los nuevos impuestos vienen a complementar la entrega de tierras en usufructo y sólo pretenden "incidir en una conducta negativa que va en detrimento de la economía y la alimentación de la población", dijo a Granma Vladimir Regueiro Ale, director general de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas y Precios.
El Gobierno cubano destina cada año 2.000 millones de pesos a importar alimentos y quiere recortar esta cifra con producciones nacionales.
Muchos productores han trasladado a las autoridades cubanas que no es que no quieran sacar provecho de sus tierras sino que carecen de maquinarias para desbrozarlas. El Gobierno les contesta que no hace falta técnica, sino voluntad porque otros se las han ingeniado y lo han hecho con pocos recursos y en poco tiempo.
El director de Política Fiscal hizo hincapié en que la mayor parte de las tierras ociosas de Cuba no están en manos de productores privados sino del Estado.
Durante el cobro de impuestos se detectaron algunas dudas. Entre ellas, quién debe pagar el impuesto cuando las tierras tienen varios dueños. El Gobierno cubano ha dictaminado que cualquiera de ellos puede abonar la tasa.
En caso de que las tierras ociosas estén a la venta, el propietario tendrá que pagar el impuesto hasta que se cierre la transacción.
Quedan libres de impuestos las tierras ociosas consideradas de importancia para la defensa militar del país.
Hace un año la prensa oficialista calculó que en la Isla hay 300.000 hectáreas de tierras ociosas.
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