El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, firmó este martes un decreto que facilitará temporalmente la compra de armas por parte de civiles en Brasil. A partir de ahora será más fácil cumplir los requisitos exigidos para obtener el permiso de posesión de armas que otorga la Policía Federal.
El decreto determina que la posesión de armas en casa tendrá que ser por "efectiva necesidad", y los ciudadanos deberán cumplir los siguientes criterios para acceder a ese derecho: ser un agente público de ciertas categorías, un militar, residir en un área rural o urbana con elevados índices de violencia (donde la tasa de homicidios sea mayor a 10 por cada 100 mil habitantes).
También podrán tener un arma quienes sean responsables legales de establecimientos comerciales o industriales, coleccionistas o cazadores registrados.
Los brasileños tendrán derecho a comprar hasta cuatro armas de fuego, límite que podrá aumentarse en casos específicos.
Otra modificación es que el plazo de duración de licencias se ampliará de cinco a diez años.
Quienes posean un arma de fuego tendrán que justificar la existencia de una caja fuerte o un lugar seguro para almacenar las armas en el caso de viviendas donde vivan niños, adolescentes o personas con discapacidad mental.
El decreto mantiene otras normas ya existentes, entre ellas la obligatoriedad de tener como mínimo 25 años y un trabajo, realizar un curso de manejo de armas y no tener antecedentes penales.
El porte de armas en la calle sigue siendo reservado para policías, militares y personal de seguridad.
El ultraderechista Bolsonaro cimentó su llegada a la presidencia con un discurso que hacía hincapié en la importancia de la seguridad pública.
Ese mensaje tuvo eco entre los votantes brasileños, donde en 2017 se registró un récord de 64 mil asesinatos. De esos crímenes, 43 mil fueron cometidos con armas de fuego.
El capitán retirado del Ejército, que asumió la presidencia el pasado 1 de enero, ha dicho que quiere revertir, con el argumento de que los brasileños tienen el derecho a defenderse de los criminales, una ley de 2003 que prohíbe a los civiles comprar armas.
El decreto aprobado hoy expirará en un plazo de 120 días, a menos que antes sea ratificado por el Congreso.
Datos citados por la agencia Reuters, destacan que en 2017 unos 330 mil civiles en Brasil fueron registrados legalmente para tener un arma de fuego. No obstante, estudios previos del Ministerio de Justicia de ese país han indicado que la cifra de armas ilegales ascendería a unos 8 millones.
Las bandas de narcotraficantes en Brasil están fuertemente armadas, y las milicias paramilitares obtienen armas elaboradas por fabricantes locales o traídas de contrabando desde países vecinos.
Entre las bandas de Río de Janeiro abundan las pistolas Glock y han obtenido ilegalmente una serie de rifles AR procedentes de fabricantes estadounidenses y europeos.
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