Cuba no quiere sabe nada de la declaración del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que el 9 de mayo del año pasado consideró arbitrario (de categoría III) el encarcelamiento del empresario granmense Omar Rosabal, condenado a 8 años de prisión por proxenetismo.
Según ha explicado a la CiberCuba un hermano de Rosabal, residente en España, el Gobierno cubano ignora que el dictamen obliga a ponerlo en libertad de forma inmediata, sin cargos, devolverle todos los bienes decomisados, resarcir los daños morales y económicos causados y publicar en los medios de comunicación oficialistas los atropellos cometidos. A todas estas medidas habría que añadir, poner a disposición de los tribunales a todos los que participaron en la injusticia.
Los familiares de Omar Rosabal han recorrido varias instituciones en Cuba, donde dejaron una queja escrita y copia del documento de la ONU. Sin embargo, organismos como la Dirección General de la Policía se negaron a recibir la documentación y la Fiscalía General de la República lo hizo "a regañadientes", asegurando que ellos sólo obedecían a decisiones del Gobierno de Cuba. Asimismo, entregaron los papeles en el Tribunal Supremo y en el Consejo de Estado, que se comprometieron a responder y no lo han hecho.
Dos meses después del dictamen, el Gobierno cubano no se pronuncia sobre la declaración del organismo de la ONU al que pertenece. Lo único que ha hecho es enviar a un alto funcionario de la Fiscalía General de la República a entrevistar a Omar Rosabal en la cárcel de Pilón, en Granma, y a su hermano, Onésimo Rosabal, residente en La Habana, también condenado en la Operación Lacras por intentar conseguir pruebas para liberar a Omar.
A ambos les dijo que el buen comportamiento les ayudaría a conseguir la liberad condicional después de tres años en la cárcel. Sin embargo, los dos hermanos respondieron que sólo esperan que se cumpla la resolución de la ONU.
Asimismo, la familia acusa a un "esbirro" de los que participaron en el operativo contra Omar Rosabal, de violar a la hija de éste, de 14 años.
Omar Rosabal Sotomayor (Granma, 1966) es un fotógrafo y agricultor que regentaba un hostal de su propiedad, en el municipio granmense de Pilón. Sus familiares emigraron a La Habana o se marcharon de Cuba y él fue el único de los seis hermanos que decidió quedarse en Pilón por lo que heredó la casa y las tierras familiares.
Durante todo ese tiempo Rosabal Sotomayor recibió ayuda económica de sus hermanos residentes en el extranjero, por lo que pudo importar equipos fotográficos de alta calidad con los que se abrió un estudio profesional, recoge la denuncia hecha a la ONU.
Con las remesas familiares amplió y arregló su casa y construyó un hostal en la parte superior de la misma. A la par, trabajó en las tierras heredadas, sacándoles rendimiento.
Mientras su negocio crecía, Rosabal Sotomayor comenzó a sentir la presión de la Seguridad del Estado y la Policía, que llegaron incluso a acusarlo verbalmente de llevar una vida "capitalista" y de ser "un mal ejemplo para la población".
Tras ser acusado de proxenetismo, las autoridades cubanas le decomisaron la casa familiar y todos sus bienes, dejando en la calle a sus dos hijos menores de edad. Le quitaron computadoras, cámaras fotográficas, colchones y armarios.
El Gobierno cubano lo acusa de no registrar la entrada de personas a su hostal entre las 23:00 p.m. y las 5:00 a.m. o de no exigir certificado de matrimonio a las parejas que se hospedaban en él. En opinión de la familia, éstas serían faltas administrativas, pero nunca constitutivas de un delito de proxenetismo.
La familia está convencida de que Omar Rosabal fue detenido y encarcelado por razones discriminatorias debido a su condición económica. Y denuncian irregularidades en el juicio como por ejemplo, que al ser una vista por prostitución, se haya permitido la salida del país a los turistas que supuestamente eran los clientes de las prostitutas.
La ONU no entiende que en un juicio de proxenetismo sólo haya sido juzgado el dueño del hostal, cuando para cometer ese delito se necesita la concurrencia de más personas.
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