Auditorías en Cuba, en una imagen de archivo. Foto © AIN / Cubahora

Contraloría General de Cuba admite que no consigue frenar la corrupción

Este artículo es de hace 2 años

El informe anual de la Contraloría General de la República de Cuba correspondiente a 2018 arroja que "los problemas detectados se repiten y que no se ha logrado frenar la ocurrencia de indisciplinas, ilegalidades y hechos de corrupción", informa el diario oficialista Granma.

Esto se debe, según Gladys Bejerano Portela, contralora general, a que falta documentación en los sistemas contables de las empresas estatales y a que estos carecen de registros primarios; hacen tratamientos contables incorrectos, se saltan los cuadres diarios; no se emiten vales de entrega y devolución de productos y "al débil monitoreo" de los jefes de la supervisión.

En opinión de Bejerano, el problema más grave lo tienen en las unidades y empresas por lo que no tiene sentido que los cuadros que están al frente de éstas asistan a cursos teóricos si no tienen habilidades de dirección.

Por su parte Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, admitió que las actividades mayoristas y minoristas del sector que dirige son las que concentran el mayor número de hechos delictivos. De ahí que sea en estas áreas donde se lleva a cabo "la mayor depuración de actos" para que la contablidad funcione.

Para acabar con las ilegalidades, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reiteró este jueves su apuesta por poner fin al robo de combustible. 

En una reciente inspección a la administración provincial del Estado, el Gobierno detectó la falta de documentos primarios que justifiquen la actividad, "el deterioro de los índices de consumo"; el descontrol de las tarjetas magnéticas y la mala utilización de los GPS.

En este sentido, el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, aseguró que el Gobierno de Cuba ha retirado 180 toneladas de combustible a las empresas estatales que han recibido calificación deficiente en el control del robo de petróleo y gasolina.

Se trata, explicó, de la aplicación de un acuerdo del Gobierno para reducir a la mitad la asignación de combustible a las empresas del Estado con mala evaluación.

Esta medida quiere acabar con la venta de gasolina en el mercado negro y obligar de esta forma a los cuentapropistas del transporte a llenar el depósito a los precios que ofrecen los Cupets.

Este artículo es de hace 2 años

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