Cubanos con órdenes de deportación en Estados Unidos podrían tener una nueva aliada: la Ley Helms-Burton

La entrada en vigor del temido y controversial Título III de la Ley Helms-Burton ha provocado tormentas de informaciones y mentiras por parte del aparato propagandístico cubano, y tormentos y dolores de cabeza entre los cubanos que, dentro o fuera de la isla, presienten que el tsunami que viene rumbo a las costas del pueblo cubano no es cosa de juego.

No es infundada esa preocupación. La persecución detallada contra los fondos que se hayan invertido de forma camuflada en Cuba, y las demandas contra las compañías que hayan lucrado con propiedades expropiadas por la dictadura de Fidel Castro, pueden generar que considerables cantidades de capital foráneo sean retiradas o nunca invertidas en la isla. Esa cuenta, indudablemente, el pueblo cubano sabe que le tocará pagarla.

Lo que no sabe ese mismo pueblo es que podría recibir un beneficio indirecto, como consecuencia de este nuevo deterioro en las relaciones bilaterales entre ambos países. Sobre todo, quienes han llegado ilegalmente a Estados Unidos en los últimos meses y están a punto de ser deportados.

“El principal acto de buena voluntad del gobierno de Cuba, desde la Administración Obama hasta hoy, ha sido multiplicar la aceptación de deportados. Pasamos de una Cuba que no recibía a casi nadie, a una Cuba que en 2018 recibió a 463 ciudadanos”, dice a CiberCuba el abogado radicado en Miami, Santiago Alpízar.

De hecho, en el año fiscal de 2017 Cuba recibió a 160 deportados, con lo cual el salto a los 463 del año fiscal 2018 representó un incremento de 189% de un año a otro. Pero esto podría estar en peligro en la actualidad.

Se trata de uno de los escenarios más que probables, como consecuencia directa del apretón de tuercas de la Administración Trump a la dictadura que por el momento administra Miguel Díaz-Canel: el frenazo al recibimiento de deportados.

Las deportaciones, junto a la colaboración mutua en temas de narcotráfico, fueron los aspectos más potenciados por el lado cubano luego de las flexibilizaciones implementadas por la administración anterior. Las detenciones de cubanos en centros para inmigrantes en Estados Unidos fueron arreciadas como parte de un proceso cuyo final, casi siempre era el aeropuerto de Miami y el retorno a La Habana.

Todo apunta a que La Habana podría estar a punto de romper esa cadena de sucesos. Sobre todo si Estados Unidos regresa a Cuba a su listado de países patrocinadores del terrorismo, una posibilidad que ha ganado enteros tras la visita de John Bolton a Miami el pasado 17 de abril.

“Ellos saben que fracturando la aceptación de deportados al menos molestan en algo a Estados Unidos, en momentos en que frenar la inmigración a este país es una de las prioridades de la actual administración”, precisa el abogado Alpízar.

¿Qué implicaría esto? Que los cubanos que ya entraron irregularmente podrían experimentar una flexibilización en la política migratoria que enfrentan hoy en Estados Unidos.

Las detenciones temporales de cubanos en los centros para inmigrantes se enfrentan a la oleada imparable de llegadas de centroamericanos. El propio ICE ha admitido que las capacidades del país están a tope, y muchas veces se ven obligados a soltar a detenidos bajo fianza o parole o palabra, como consecuencia de esa sobresaturación.

La diferencia es que los inmigrantes de cualquier otra nacionalidad tienen países (México, Guatemala, El Salvador, Honduras entre los principales) con relaciones normales con Estados Unidos y, en consecuencia, países que aceptan deportaciones de manera normal.

Los cubanos con órdenes de deportación podrían sacar ventaja del conflicto.

“Si Cuba frena el recibimiento de deportados, por supuesto que este país se lo va a sentir. En primer lugar, deberán suavizar la mano con los procesamientos porque no tendrán la tranquilidad que del otro lado van a recibir a los deportados. Y en segundo lugar, los que ya tienen órdenes de deportación ahora mismo van a ver como se frena y posterga ese proceso, como mismo desde la década de los ´80 hay gente aquí en esa situación”.

El Departamento de Estado ha evitado pronunciarse al respecto desde que el pasado 17 de abril el Asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, anunciara en Miami la entrada en vigor del Título III y la implementación de nuevas medidas contra la dictadura cubana.

Sin embargo, nadie duda de que la carta de las deportaciones es una de las escasas opciones que les quedan bajo la manga a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel como represalia muy limitada. La limitación proviene de una razón concreta: los Estados Unidos tienen en la mano la posibilidad de contraatacar con una medida igual de drástica: “deportación express”.

Se trata una nueva medida aprobada y ya ejecutada por la Administración Trump desde el pasado 29 de enero, mediante la cual ciertos solicitantes de asilo deben esperar en México por los procesamientos de sus solicitudes, y a quienes se les otorgan visas temporales de 4 meses con múltiples entradas, solo para que puedan asistir a los juicios de sus casos.

Durante este tiempo, el solicitante deberá mantenerse en México y pagar todos sus desplazamientos ida y vuelta hasta las cortes americanas. De esta forma, manteniéndolos en territorio mexicano, las autoridades estadounidenses evitan la circunstancia de miles de aplicantes que no se presentan a sus juicios, y que “desaparecen” en el interior del país.

Si Cuba frenara drásticamente la aceptación de deportados, esa podría ser la contramedida que adopte la Administración Trump. Y existe el precedente diplomático para hacerlo:

“No me cabe ninguna duda”, comenta Alpízar. “En el propio espíritu del comunicado de Barack Obama en enero del 2017, terminando la Política Pies Secos, Pies Mojados, estaba explícita la condición de que Cuba se comprometía a recibir a los ciudadanos deportados como resultado del fin de esta política. Si Cuba se olvida de ese acuerdo, este país va a responder de esa manera”.

Si esto ocurre, una vez más serían los cubanos con aspiraciones de emigrar los grandes afectados, incluso aquellos que tengan pruebas sólidas para probar un caso de persecución política que conlleve a la otorgación del asilo: deberían efectuar todo el trámite desde un estado fronterizo mexicano.