Yorlandy Polledo Elizaldes, esposo de Lisandra Rojas, forma parte del grupo de ochos cubanos detenidos el jueves por autoridades mexicanas y trasladados a la estación migratoria de Acayucan, estado de Veracruz.
Los indocumentados, procedentes de la Isla, fueron sacados de un autobús en horas de la madrugada en un punto de revisión federal antes de su arribo a la frontera de México con Estados Unidos, indicó el diario Norte Digital.
“¿Por qué la tienen ‘agarrada’ con los cubanos, si lo único que queremos es un asilo?”, denunció Lisandra, quien salió junto a su esposo y dos hijos de Cuba el 4 de junio del pasado año.
La familia recorrió la selva de Guyana en 27 horas de caminata, pasaron seis meses trabajando en Porto Velho Rondonia, Brasil, para luego trasladarse a Montevideo, Uruguay. Después de otra temporada laboral se trasladaron a Nicaragua y arribaron a la frontera de Guatemala con México en abril de 2019.
No obstante, al llegar a México asegura haber sido “víctimas de un sistema abusivo en el que participan agentes de migración, jueces federales y abogados” y cuyo único fin, es “quedarse con el dinero de los cubanos”.
Mediante una balsa, elaborada con llantas de camión, cruzaron el río en Ciudad Hidalgo y durmieron en un parque en Tapachula, donde rentaron una casa por el valor de 2.500 pesos mexicanos a la espera de que un abogado les tramitara los salvoconductos, imprescindible para no ser deportados o detenidos.
La gestión a través de un abogado de estos amparos legales, firmados y autorizados por un juez federal, puede alcanzar un coste de casi 200 dólares.
Sin embargo, se notificó que los documentos de Yorlandy iban a demorar más en expedirse, por lo que Lisanda y sus dos hijos se trasladaron hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. En la frontera -según relata la cubana- se hospedó en una casa de pastores que se dedicaban a actividades ilícitas.
Nuevamente, la cubana decidió moverse hasta Ciudad Juárez, donde hizo contacto con la Pastoral de Movilidad Humana Mercedaria, en Acayucan, una organización presidida por José Luis Reyes Farías.
Actualmente, Reyes Farías se encuentra coordinando el caso de Yorlandy y los otros siete migrantes cubanos. En recientes declaraciones al medio, el coordinador de la misión humanitaria aseguró que están buscando la intervención de la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados para atender el caso de los ciudadanos procedentes de la Isla.
“Estamos revisando su estatus migratorio y revisando el alcance jurídico del amparo que porta cada uno de ellos y, por supuesto, pidiendo a la autoridad migratoria de Veracruz consideración para estos hermanos nuestros, que les permitan continuar su camino en busca del sueño americano”, comentó.
Yorlandy y los restantes indocumentados cubanos continúan bajo la custodia de agentes del Instituto Nacional de Migraciones (INM), quienes están evaluando si los salvoconductos de los isleños son -o no- válidos.
Durante los primeros meses de 2019 el Gobierno mexicano ha triplicado la cifra de cubanos deportados, con respecto al año anterior cuando solo fueron devueltos 156. Comprobaciones realizadas por CiberCuba -con las cifras ofrecidas por el INM- señalan que entre enero y el 4 de mayo, al menos 539 ciudadanos de la Isla fueron extraditados, una cifra que va en aumento.
El INM anunció este sábado, a través de su cuenta oficial en Twitter, la deportación de un nuevo grupo de 95 migrantes cubanos por tener una “condición irregular en México”.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, el “retorno asistido” se realizó desde la localidad de Minatitlán, estado de Veracruz, con rumbo a La Habana, cumpliendo con las “normas y procedimientos migratorios vigentes”.
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