Berta Soler, líder de las Damas de Blanco Foto © Facebook / Angel Moya

Organización internacional critica al Gobierno cubano por usar las leyes para criminalizar a opositores

Esta noticia es de hace 8 meses

Más de 130 páginas contienen el informe "Condenas Premeditadas: Análisis de la Situación de la Administración de Justicia en Cuba", que será presentado este jueves en Madrid. El documento se centra en dos de las organizaciones de la oposición que más han sufrido las represiones del gobierno cubano: La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y las Damas de Blanco.

El informe, elaborado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, se hará público en un conversatorio que también organizó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Raza e Igualdad asegura, en su portal, que “en derecho cubano no hay garantías suficientes para respetar el debido proceso y otros derechos de personas acusadas por crímenes, especialmente cuando se trata de activistas que hablan en contra del régimen.  Las garantías que existen son descartadas por las autoridades cuando se juzgan a activistas independientes”.

Las formas de represión son enunciadas en el informe con un patrón: golpizas, construcción de un delito común y encarcelamiento con tortura física y psicológica que llegan no solo a los encausados sino a sus familiares y amigos.

“Aunque en los últimos años, se han registrado muchos cambios en Cuba, la represión hacía los opositores no ha cesado”, dice el documento. Igualmente, asegura que pese a la aprobación de una constitución nueva y la investidura de un nuevo jefe de Estado que no hace parte de la familia Castro, la persecución y violencia hacía grupos opositores se mantiene, junto con leyes que legitiman la criminalización de sus actividades.

Uno de los casos citados es el del Doctor Eduardo Cardet, el cual describe el modus operandi del Estado Cubano y las sistemáticas violaciones a los derechos a la libertad de expresión y asociación.

“Mi hermano fue detenido el 30 de noviembre de 2016 en horas de la noche por varios individuos vestidos de civiles, realmente eran de la policía política, estos hombres se abalanzaron sobre él enfrente de su familia y vecinos y fue golpeado de pies a cabeza. La detención fue sin motivo y después le fabricaron un delito, el delito nunca existió. Mi hermano continúa preso hasta el 30 de septiembre, bajo libertad condicional, pero continúa preso”, cuenta Miriam Cardet, hermana del preso político.

A Cardet lo acusaron de “atentado” dos días después de criticar a Fidel Castro, fallecido el 25 de noviembre, en una entrevista fuera de Cuba. Supuestamente empujó a uno de los agentes que fue a detenerlo provocando que se lastimara la mano. Fue apuñalado por otros prisioneros mientras cumplía condena.

Delitos como “desacato”, “atentado”, “desobediencia” o la figura de “la peligrosidad social” son imputados para imponer largas condenas a quienes se acusa de incurrir en estas conductas, explica el portal de Raza e Igualdad.

El pasado lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia pública con activistas y periodistas cubanos. El grupo Cubalex informó ahí que entre 2016-2018 ocurrieron en Cuba unos 171 arrestos arbitrarios de periodistas y más de 700 casos de restricciones de movilidad internas y externas en el país.

Louise Tillotson, investigadora de derechos humanos de Amnistía Internacional, criticó también la vulneración de estas libertades elementales que no se han respetado en la Isla, ni bajo el mando de Fidel y Raúl Castro, ni el de Díaz-Canel.

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Maykel González

Periodista de Cibercuba. Graduado de Periodismo por la Universidad de La Habana (2012). Cofundador de la revista independiente El Estornudo.

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