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Madre cubana acusa a autoridades sanitarias: Yo no sé de qué murió mi hija

La mujer ha vivido durante un año el constante ir y venir de preguntas sin respuestas convincentes de las autoridades sanitarias de Las Tunas.

Virgina (izquierda) y su madre Raquel (derecha) © Facebook / Raquel Ramos
Virgina (izquierda) y su madre Raquel (derecha) Foto © Facebook / Raquel Ramos

Este artículo es de hace 4 años

Raquel Ramos acusa a las autoridades sanitarias de Las Tunas de ser los responsables de la muerte de su hija, Virginia Abreu Ramos, de 36 años de edad, ocurrida en el 2018.

CiberCuba contactó con ella para conocer los detalles de lo que ha vivido durante este ultimo año, sin tener respuestas convincentes a sus preguntas, lo que la mantiene entre la incertidumbre y la desesperación. sumado el dolor por la pérdida de su niña.

Virginia Abreu Ramos / Foto: Cortesía de la entrevistada

Todo empezó el 19 de octubre de 2018, cuando a su hija fue ingresada en el hospital del municipio Jesús Menéndez, debido a una infección urinaria. Su ingreso coincidió con los carnavales de la localidad, y -manifiesta la madre- durante todo ese fin de semana y los días posteriores recibió muy poca atención médica.

Al amanecer del día 24, un enfermero identificado como Wilmer Velázquez, le puso un antibiótico vía intravenosa. Dice que eran como las ocho de la mañana y ella no se encontraba presente, porque había ido a su casa. Al regresar al centro de salud, aproximadamente tres horas después, preguntó por su hija y supo que estaba tirada en un sillón y -según supo por una testigo- se encontraba en ese estado desde que le aplicaron el medicamento.

La testimoniante asegura que Virginia le dijo al enfermero que no se sentía bien, y que este le respondió que no era nada para preocuparse.

"Cuando llegue mi hija estaba cianótica, prácticamente no tenía fuerzas ni para hablar", cuenta Raquel, quien buscó ayuda, pero en ese momento solo había una enfermera. Al rato apareció la doctora Nilda Gallegos, a quien responsabiliza de todo lo acontecido, y le tomó la presión, le indicó un electrocardiograma y le indicó tres medicamentos: Atorvastatina, aspirina y atenolol.

"Mi hija prácticamente no podía tomarse aquello", relata. "Luego vino la doctora y me dijo que la iban a remitir al hospital de Puerto Padre, porque estaba malita, pero no me dice lo que tiene".

Transcurrieron más de dos horas. Durante todo ese tiempo la chica estuvo en una habitación pequeña, acostada en una cama, esperando la ambulancia que no llegaba. Sin embargo, Raquel no sabía que a su hija a dónde debieron trasladarla, desde el primer momento, era al policlínico de Jesús Menéndez, donde se encuentran los equipos médicos de urgencia.

"Cuando llegó la ambulancia, el paramédico me dijo que lo que tenía mi hija no se correspondía con lo que habían puesto en la remisión, porque ella tenía, al parecer, un problema neurológico, que el oxígeno no le estaba llegando" dice.

Ya en el hospital de Puerto Padre, la chica estaba en coma, estado del que los médicos lograron sacarla, pero en el expediente médico de Virginia faltaba mucha información y ellos no tenían del todo claro qué estaba pasando con la salud de la paciente, que todo parecía indicar que tenía un tromboembolismo.

"Pero eso es una hipótesis, porque ellos no sabían determinar qué fue lo que le provocó el paro", afirma.

Ese mismo día por la noche, el jueves 25 de octubre, la ingresaron en terapia y al amanecer del lunes su hija fallece. En el certificado de defunción pusieron que había tenido una sepsis generalizada, sin embargo, de eso no tiene seguridad nadie porque la negligencia del médico de terapia evitó que el cadáver fuera enviado a medicina legal y que no le hicieran la necropsia.

"Yo no sé de qué murió mi hija", dice entre lágrimas Raquel, que desde entonces ha tratado de que se haga justicia y solo ha obtenido respuestas inaceptables y el silencio institucional.

Presentó la denuncia ante la Dirección Municipal de Salud. Allí le prometieron que una Comisión de Ética Médica analizaría el caso y al mes ya tenía una respuesta: no hay un nexo causal de la muerte con lo que sucedió. Sin embargo se detectaron alrededor de seis negligencias médicas, entre las que destacan que la doctora Nilda Gallegos no revisaba la historia clínica ,no la firmaba cuando pasaba la visita que no revisaba lo que escribían los enfermeros y que se les había olvidado trasladarla de inmediato para el policlínico.

A mediados de diciembre reclama a la Dirección Provincial de Salud, de quienes obtuvo, dice, una respuesta peor que la anterior.

"Dicen que no me pueden dar un documento por escrito con la respuesta, porque ellos no están acostumbrados a hacerlo, me la dieron verbalmente". Supuestamente revisarían la historia clínica, un documento que nunca fue ocupado por la policía y por tanto ella está segura de que pudo ser modificado. También hicieron referencia a "ciertas irregularidades" y que por eso modificarían las sanciones administrativas impuestas. Sin embargo ella no terminó convencida porque nunca le habían impuesto una sanción a nadie desde que denunció los hechos por primera vez.

En abril de 2019 fue citada por otra comisión que le prometió justicia,pero que llegó a la conclusión de que el expediente se archivaría "porque no había delito", cuenta Raquel. Como prueba de lo que le dijeron, conserva un documento enviado por la Fiscalía de Las Tunas, donde aseguran que no se pudo determinar la muerte de la joven "porque ellos no saben de qué murió", alega.

Respuesta dada por la Fiscalía del municipio Jesús Menéndez, Las Tunas / Foto: Cortesía de la entrevistada

Con pocas opciones a su favor, solo le quedó recurrir al Ministerio de Salud Pública. Envió mensajes contando su situación, y si la historia parecía demasiada larga hasta ahora, lo que ha vivido desde que pisó la sede ministerial, ha sido por lo menos increíble.

"Me recibe en el Departamento de Atención Primaria una mujer, que se llama María Elena. Me dice que el ministro estaba en la Asamblea Nacional y que ella me iba a atender". Esta señora le pidió las pruebas que llevaba y le prometió una respuesta. A los dos meses no había recibido ninguna notificación y al llegar nuevamente al Ministerio, le atendió una tal Tatiana, quien volvió con la misma promesa.

Pase entregado a Raquel el día que fue al Ministerio de Salud Pública / Foto: Cortesía de la entrevistada

Sin embargo, de todo esto el ministro no sabía nada, porque pasado un tiempo Raquel recibió la llamada de una secretaria que le volvió a pedir, a nombre de José Ángel Portal, todos los detalles de lo acontecido.

"Yo me quedo conforme, esperando, porque me dio alguna satisfacción saber que él iba a coger el caso. Transcurrido casi un mes más, él no me volvió a llamar jamás, ni ella tampoco", dice decepcionada.

Al cumplirse el año de la muerte de su hija le escribió por Messenger al ministro, y ese mismo día recibió otra llamada y una posterior cita en el Ministerio de Salud Pública, donde le dijeron, de manera oficial, que no iban a entregar ningún documento por escrito porque ellos no hacían eso, que no había un nexo causal, que habían detectado una serie de irregularidades y que no se habían aplicado las medidas administrativas, pero que ya no se pueden aplicar porque están fuera de término.

"Eso fue lo que me dijo, no se puede hacer nada", concluye esta adolorida mujer que no sabe qué puerta tocar y cómo exigir la justicia que, considera, merece el nombre de su hija.

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Lázaro Javier Chirino

Periodista de CiberCuba. Licenciado en Estudios Socioculturales por Universidad de la Isla de la Juventud. Presentador y periodista en radio y televisión


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