Cubanos en Uruguay Foto © ONG Idas y Vueltas

Cubanos en Uruguay advierten sobre el tráfico de personas a sus compatriotas en la isla

La Asociación de Cubanos Residentes en Uruguay está entrevistando a compatriotas que han llegado al país de manera ilegal, con el propósito de confeccionar un mapa de tránsito irregular que sirva para advertir a futuros migrantes del peligro de ser víctimas de los traficantes de personas, si optan por tomar esa vía para entrar a la nación sudamericana.

De conjunto con la Universidad de la República, la entidad está investigando la ruta ilegal por la que miles de personas –no solo cubanos, sino también dominicanos y venezolanos–, llegan al país tras un peligroso recorrido de dos meses en el que muchos pierden la vida.

Según explicó al portal web Subrayado Yoendris Lastre Bello, presidente de la Asociación, tras concluir el estudio se elaborará un folleto que debe ser divulgado mediante el “boca a boca” y en las redes sociales, para alertar a los cubanos que planean emigrar a Uruguay y sensibilizarlos respecto a “que no vean esta manera como la posibilidad de ingresar al país”.

“Lo más seguro es que pidan la visa”, recalcó.

Cuba es el país que más inmigrantes aportó a Uruguay en 2019, con cifras de 33 personas cada día como promedio, según datos de la Dirección Nacional de Migración, que registró 10 042 más entradas que salidas de isleños entre el 1 de enero y el 31 de octubre.

En una reciente entrevista concedida por Lastre Bello al diario español El País, denunció las vicisitudes que deben atravesar muchos de sus compatriotas para llegar a la nación austral. Empiezan tratando de conseguir el dinero del pasaje para ir a Guyana, y de ahí atraviesan todo Brasil guiados por alguna red de coyotes hasta llegar al destino final.

Datos oficiales revelan que las autoridades uruguayas reciben anualmente unas 70 denuncias de tráfico de personas, pero la Asociación de Víctimas de Trata calcula que por cada caso que se encausa y se juzga hay otros 20 que no llegan a los tribunales.

Esta organización señala que el gobierno no cuenta con las herramientas necesarias para el enfrentamiento a este flagelo, y que los operadores judiciales y policiales carecen de formación para el procesamiento de los traficantes y la atención a sus víctimas.

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