Momento del desalojo de una familia, en La Habana | Foto © Cubanet

La policía cubana desaloja a una familia en La Habana a patadas y empujones


Publicado el Martes, 18 Febrero, 2020 - 09:11 (GMT-4)


Una familia cubana fue desalojada por la fuerza de su vivienda en el barrio de Santa Fe, en el municipio Playa, en La Habana.

La policía -en coordinación con la dirección municipal de Vivienda- desalojó el jueves a Odeimis Chirino Cabrera y a su familia, cuya vivienda había sido confiscada en 2017 por presunto tráfico de marihuana, delito por el que fue sancionado a 4 años unos de los hijos de la mujer, según declara Cubanet.

“Llegaron a las cinco de la mañana, brincaron el muro, dándole patadas a la puerta y gritándome que tenía que salir. Yo les expliqué que tenía que vestirme y no me dejaron. Siguieron dándole patadas a la puerta hasta que mi esposo abrió y entraron todos. Me empujaron, aquí en el brazo tengo los morados de los empujones que me dieron”, declaró la víctima del desalojo al citado medio.

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El inmueble de dos plantas fue decomisado a pesar de que en la vivienda no se habría ocupado ninguna droga, según declararon vecinos y testigos del registro.

A la familia le sacaron todas sus pertenencias para la calle y las montaron en un camión de comunales. Luego los mandaron para una antigua posada, en la playa de Marianao, que funciona como albergue.

“Eso tiene condiciones pésimas, es una ratonera, me han quitado mi casa y ni tan siquiera me han dado un apartamento, me han dado una ratonera, me metieron en una cueva”, declaró la víctima, quien considera que hubo corrupción en el caso, pues asegura que empezaron el proceso de confiscación incluso antes de saber si su hijo iba a salir absuelto o si lo iban a condenar.

Chirino Cabrera insiste en que es su casa, de su propiedad, no de su hijo, y que la construyó desde el año 90.

El caso había salido a la luz en junio de 2019 cuando -también en declaraciones a Cubanet- Odeimis indicó que las autoridades del gobierno le habían dado a elegir entre abandonar la casa por su propia voluntad o a la fuerza.

Según relató entonces, durante el registro en su vivienda solo encontraron una cachimba que utilizaba su hijo para su consumo personal.

Apenas fueron desalojados este jueves, las autoridades trajeron a otra familia para residir en la vivienda, que ya se instaló en la planta baja del inmueble.

Recientemente salió a la luz el caso de una anciana cubana, de 92 años, que se encuentra a punto de ser desalojada de su vivienda, en Arroyo Naranjo, por motivos similares. En ese caso, el nieto de la anciana fue condenado a pena de cárcel por proxenetismo, lo que ha concluido en la amenaza de desalojo para la mujer, de 92 años.

Al menos otras dos familias cubanas han denunciado en los últimos meses el intento de confiscación de sus viviendas por tener familiares que han sido enjuiciados por casos de drogas.

Se ha vuelto frecuente en la Isla que una causa judicial contra un miembro de una familia sirva de antesala a la confiscación de una vivienda y al posterior desalojo del inmueble a todos sus miembros.

En todos los casos el gobierno cubano dice aplicar el Decreto-Ley No. 232, que en su primer artículo dispone la confiscación o la pérdida del derecho de las viviendas o locales en los que “se produzca, trafique, adquiera, guarde, consuma, oculte o de cualquier otro modo se realicen hechos que, directa o indirectamente se hallen relacionados con las drogas ilícitas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras de efectos similares”, o “se practiquen actos de corrupción, prostitución, proxenetismo, trata de personas, pornografía, corrupción de menores, tráfico de personas u otros de similar connotación”.

El artículo 1.2 del citado Decreto-Ley indica que en los casos en que la persona enjuiciada no sea el propietario de la vivienda, para proceder a la confiscación tienen que existir “circunstancias concurrentes que evidencien o hagan suponer racionalmente que el titular tiene conocimiento o relación con los hechos”.

Este último apartado es el que niegan los casos reportados en los últimos meses, haber tenido conocimiento de los hechos o ser partícipes directos de ellos. En varios casos los denunciantes han argumentado que las autoridades en realidad venden esas mismas casas de las cuales ellos son desalojados.

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