El opositor y exprisionero político cubano, Walfrido Rodríguez Piloto, ha sido condenado a ocho meses de cárcel después que la policía le decomisara el sábado 18 de abril 30 paquetes de coditos que había comprado.
La familia de Rodríguez Piloto ha explicado que los coditos no eran para vender sino para alimentarse él y el resto de su familia.
No obstante, el Tribunal Municipal de Marianao le aplicó el pasado miércoles 22 de abril una sanción de ocho meses de prisión bajo el presunto delito de acaparamiento, según reporta Cubanet.
Marlin Sonia Rodríguez Piloto, hermana del opositor, considera que el proceso judicial en realidad ha sido un ajuste de cuentas del gobierno por el activismo político de Walfrido Rodríguez.
“Esto no es más que un ajuste de cuentas de la Seguridad del Estado por todas las protestas públicas que ha hecho mi hermano contra la dictadura. Ahora, amparados en la pandemia, encontraron la posibilidad de trancarlo", declaró al citado medio.
“Los coditos eran para la familia, porque aquí no hay arroz y se sabe que todo el mundo está comprando pastas para poder comer”, precisó Marlin en referencia a la cantidad de comida interceptada a su hermano.
La mujer alega que no la dejaron entrar a la realización de la vista oral y subraya que, luego de acabar el juicio, las autoridades penales no le informaron, pese a que sabían que ella estaba en las afueras del tribunal para saber cómo quedaba el caso de su hermano.
Lázaro Mendoza García, presidente del movimiento opositor Justicia, al que pertenece Walfrido Rodríguez, dice que el gobierno cubano se está sirviendo de la pandemia como excusa para aumentar la represión y encarcelar a opositores y periodistas contrarios al régimen.
En 2011, Walfrido Rodríguez fue sancionado a cinco años de privación de libertad por lanzar proclamas en la Plaza de la Revolución en contra del régimen cubano.
Ha protagonizado, además, protestas públicas frente al Capitolio de la Habana, el Ministerio de Justicia de Cuba, la Fiscalía General de la República y la Prisión Combinado del Este, entre otras..
En medio de la crisis por el coronavirus, el gobierno cubano está tomando medidas severas contra todo acto que considere de acaparamiento o malversación de alimentos.
El artículo 230 de la Ley 62 del código penal de Cuba establece condenas de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas a quien adquiera mercancías con el propósito de revenderlas, o a quien retenga o transporte mercancías y productos en cantidades superiores a las requeridas para sus necesidades.
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