El gobierno de Cuba suspende en transparencia informativa respecto a la epidemia de coronavirus, y su Decreto-Ley 370 ha generado "una alerta" entre observadores de derechos humanos y ONGs dedicadas a vigilar el cumplimiento de la libertad de información y expresión en el mundo, según sendos comunicados de la Alianza regional por la libre expresión e información (AR) y Reporteros sin Fronteras (RSF).
Los ciudadanos cubanos no tienen una normativa que garantice su acceso a la información pública, siquiera cuando no haya una situación de emergencia, indica el documento de la AR publicado este miércoles.
La Alianza Regional alerta que Cuba, República Dominicana, Nicaragua y Venezuela no ofrecen información sobre violencia de género e intrafamiliar en medio de la pandemia de coronavirus, pese a que las pandemias empeoran las desigualdades a las que ya se enfrentan mujeres, adolescentes y niñas.
El Decreto Ley 370 de Cuba, en vigor desde el 4 de julio de 2019, "permite al" gobierno extremar la censura a periodistas y comunicadores sociales independientes, por medio de citaciones a estaciones policiales en las que les amenaza para que no hagan más publicaciones en las redes sociales o medios independientes que contengan información contraria a la línea oficial en la crisis del Covid-19", afirma el estudio Acceso a la información en contexto de emergencia sanitaria de la red de ONGs latinoamericanas.
"Los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela siguen sin abrir las ruedas de prensa sobre el Covid-19 a medios independientes", resalta el estudio de la Alianza regional por la libre expresión e información, que también critica violaciones de derechos a la información en México, Brasil, Guatemala, Uruguay, Ecuador y Colombia.
La represión de la libertad de expresión y prensa es histórica y sistemática en Cuba, pero la escalada represiva actual se recrudece en el marco de la aplicación del Decreto Ley 370, "cuando al menos treinta personas han sido sometidas a interrogatorios, amenazas, e incautación de medios de trabajo por difundir sus opiniones en redes sociales y veinte han sido víctimas de la imposición de multas de tres mil pesos (120 dólares), cuantía que triplica el salario medio mensual vigente", afirma Reporteros sin Fronteras (RSF).
El impago de multas constituye un delito que prevé sanción de seis meses de cárcel, proceder sistemático por el que Cuba condenó a siete actores de la sociedad civil, actualmente en prisión, añade la nota de RSF.
"Particular preocupación nos causan las citaciones y detenciones arbitrarias en este momento de pandemia, lo cual además contradice las propias recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud toda vez que se indica promover al máximo el distanciamiento social", subraya Reporteros sin Fronteras.
Estos hechos demuestran que los derechos enunciados en la actual Constitución cubana, pero no ratificados con legislación complementaria, son una mera y vacía declaración, concluye RSF.
La Alianza regional por la libre expresión e información (AR) agrupa a diecisiete ONGs de América Latina que trabajan en la promoción del respeto a los derechos humanos y en defensa de la democracia, capacitando a activistas de la sociedad civil latinoamericana para fomentar mejores prácticas y legislaciones de acceso a la información y libertad de expresión en sus países y el subcontinente.
En Venezuela hubo un incremento de violaciones a la libertad de expresión en el marco de la pandemia, incluso antes de la declaratoria del estado de alarma y el inicio de la cuarentena, subraya la AR.
Desde finales de febrero hasta el 20 de abril se documentaron 188 violaciones de los derechos de varios ciudadanos, incluidos periodistas por la búsqueda o difusión de noticias sobre la COVID19; y el régimen de Nicolás Maduro impidió la cobertura periodística; con detenciones arbitrarias, confiscando equipos y borrando grabaciones de vídeos.
La mayoría de las detenciones implicaron privaciones de libertad prolongadas, traslados, desapariciones forzadas de corto plazo e inicio de procesos judiciales; con imputaciones por instigación al odio, difusión de información o de opiniones; y las víctimas incluyen no solo a once periodistas sino también trabajadores de la salud y defensores de derechos humanos, constató el estudio de la Alianza Regional.
El gobierno de Guatemala "eliminó de los grupos de Whatsapp por los que se distribuye la información, a periodistas que cuestionan prácticas oficiales", y un grupo de comunicadores y organizaciones hicieron una denuncia pública en la que dan a conocer la intimidación, descalificación y censura abierta que han recibido del Presidente y el Secretario de Comunicación Social, denuncia la Alianza.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, y el gobierno de López Obrador ha tenido "un discurso discriminatorio y estigmatizante" con la prensa, precisa el estudio.
En Brasil el gobierno federal "fomenta las violaciones a la libertad de expresión y se siguen registrando ataques y acusaciones al trabajo de la prensa y a la libertad de expresión, dice la Alianza Regional.
En Uruguay, el gobierno envió un proyecto de ley -bajo el rótulo de urgente consideración- con 501 artículos, de los que cinco limitan el derecho a la protesta y, por tanto, la libertad de expresión. Otros dos artículos introduce cambios a la normativa sobre acceso a la información pública declarado de manera reservada toda la información en poder del sistema de inteligencia estatal, denuncia la AR.
Ecuador -donde la libertad de expresión no está limitada o restringida dentro de la declaratoria de estado de excepción, en las semanas de emergencia, la policía detuvo a ciudadanos por colgar vídeos en las redes sociales por propagar noticias falsas, sin que mediara resolución judicial previa, recuerda.
Colombia, en medio de la crisis del Covid-19, padeció una grave violación a la libertad de prensa y de expresión con el seguimiento ilegal de la Inteligencia Militar a unos 130 ciudadanos, en su mayoría periodistas nacionales y extranjeros, ex funcionarios públicos, organizaciones sociales, políticos y sindicalistas, destaca el estudio.
Por contra, en Costa Rica, Ecuador -pese a las violaciones denunciadas-, República Dominicana y Paraguay, la calidad de la información que se publica en relación a COVID es de alta calidad, completa y oportuna.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los gobiernos y autoridades judiciales de la región a "asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público", petición que hace suya la AR en su estudio sobre Acceso a la información en contexto de emergencia sanitaria.
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