La falta de libertad en Cuba "hace casi imposible el escrutinio de la gestión" del gobierno de la isla de la pandemia de coronavirus, recoge el informe especial "Coronavirus, Opacidad, Violencia, Impunidad y Desinformación (COVID)" de la organización sin fines de lucro Artículo 19.
"En Cuba, la falta de cualquier tipo de libertad democrática (expresión, asociación e información), conjugada con la precariedad a la que se enfrenta la población, hace casi imposible el escrutinio de la gestión del Estado en el marco de la contingencia, lo que incrementa los niveles de riesgo a los que se enfrenta la prensa al hacer su trabajo y limita el acceso a información de interés público que necesita la población para decidir sobre su salud y su futuro", asegura Artículo 19 en la introducción del informe de más de 100 páginas.
Artículo 19, que toma su nombre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, analiza la situación en Cuba, México, Guatemala, Honduras y El Salvador en estos meses de pandemia.
En el informe, presentado el 9 de julio, señala que desde el inicio del coronavirus en Cuba el periódico oficialista Granma publicó más de 445 notas sobre el COVID-19, donde elogian "la manera de enfrentar la crisis" del gobernante designado Miguel Díaz-Canel y las autoridades locales.
El sucesor de Raúl Castro dijo desde hace un mes que la situación del COVID-19 "está bajo control". En Cuba hay 2426 casos acumulados de coronavirus, de los cuales la mayoría ya fue dada de alta (2258) y lamentablemente fallecieron 87 personas, según el parte oficial dado este domingo por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP).
Sobre la prensa independiente cubana señala que se someten al "ciberacoso hacia quienes comunican contrastando las informaciones oficiales, las dificultades económicas de quienes dependen del turismo —por la falta de visitantes ante las restricciones de viaje— y la presión de los elementos de la Policía Nacional Revolucionaria y del Departamento de Seguridad del Estado para evitar que se difundan a través de redes sociales los problemas a los que se enfrenta la población".
Artículo 19 hace un análisis exhaustivo del Decreto Ley 370 artículo 68 inciso i, donde se establecen multas de 3000 pesos cubanos para quienes divulgan información contraria "al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas". Por la también llamada Ley Azote más de 40 personas en Cuba fueron multados, entre ellos la periodista Camila Acosta. La organización pide al gobierno cubano eliminar ese artículo y todo otro elemento que vaya en contra de la libertad de prensa y expresión en la isla.
El texto recoge el comunicado lanzado por medios independientes, entre ellos CiberCuba, para pedir la derogación del Decreto Ley 370.
"Si bien el Estado cubano ha buscado por diversos medios ocultar la realidad que se vive al interior de la isla en lo que se refiere a la pobreza, la falta de acceso de la población a los servicios más elementales, la escasez de alimentos, las condiciones carcelarias, entre otros problemas, esta intención se ha reforzado con la pandemia, pues busca a toda costa no dar a conocer los casos que han resultado positivos ni las condiciones en las que se encuentran las personas sospechosas de estar infectadas", agrega.
En el informe recuerdan que "el control de la libertad de expresión en Cuba está enraizado en el artículo 5 de la Constitución, que caracteriza al Partido Comunista como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. El Comité Central del Partido Comunista Cubano, el gobierno cubano y su órgano rector, se atribuyen el derecho de considerar un intento de subversión y contra la independencia del país cualquier acción pacífica, incluyendo el ejercicio periodístico, que busque generar comunicación entre y para la ciudadanía, así como cualquier opinión disidente".
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