Un exprisionero político denunció en redes sociales que la policía cubana estaba llevando a cabo operativos contra el sector privado y los emprendedores en la provincia de Santiago de Cuba.
José Batista Falcón, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), precisó a través de una publicación en Facebook que los hechos sucedieron en la localidad santiaguera de Palma Soriano, en el reparto Maribel.
“Continúan los ataques a los emprendedores que trabajan duro para hacer llevar y tratar de que la economía cubana salga del estancamiento en que está. Pero la dictadura se empeña en operativos, decomiso y maltrato a quienes con su esfuerzo salen adelante”, expresó.
En una segunda publicación, el activista detalló que el operativo estuvo activo desde las 4 a.m. hasta las 6 a.m. también en la calle Nueva #354 entre Cisnero y Lora, asediando la vivienda de Ober Fernández, trabajador por cuenta propia que paga su patente y tiene una pizzería.
“Aquí se demuestra que la dictadura Castro Canel no quiere el progreso para el pueblo cubano de a pie, hostiga reprime y maltrata a los cuentapropistas que son quienes con su emprendedor trabajo generan impuestos para el crecimiento de la nación cubana”, escribió Batista Falcón.
“Nosotros, miembros de la oposición pacífica estaremos y estamos del lado del pueblo cubano de a pie y de esos trabajadores por cuenta propia o emprendedores”, aseguró, antes de informar que a los registrados no se le había detectado ninguna irregularidad y los policías “quedaron como lo que son, unos esbirros”.
Al más puro estilo novelesco de lucha del bien contra el mal, el gobierno cubano libra una cruzada contra supuestas ilegalidades que se cometen en la isla. Incluso ha retomado viejos métodos, como incentivar la delación entre vecinos de la comunidad, algo que fue promovido por el fallecido dictador Fidel Castro con la creación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).
A menudo, tales operativos son difundidos por los medios oficialistas, resaltando siempre el papel “ejemplar” de la policía y condenando con juicios de valor y adjetivaciones a quienes incurren en los supuestos delitos.
En junio, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que los juicios y operativos policiales que se efectúan en Cuba desde que comenzó la crisis sanitaria por el coronavirus –muchos de los cuales se transmiten por la televisión–, se mantendrían en la etapa de recuperación post-pandemia.
Díaz-Canel sostuvo que era importante seguir “manteniendo la intensa lucha en el enfrentamiento a la corrupción y a las ilegalidades; y haciendo público un grupo de casos con toda la profesionalidad que eso lleva y con todos los códigos de comunicación social que debemos mantener”.
“Seguimos con esa intensidad. Eso llegó para quedarse y lo vamos a continuar haciendo permanentemente”, aseveró. El contexto del coronavirus en la isla ha justificado que el régimen aumente la presencia policial en las calles, so pretexto de un mayor control sobre las medidas a cumplir por la población, además de reforzar la vigilancia para las presuntas actividades “ilícitas”.
Este despliegue ha significado, en consecuencia, un incremento de persecución a las ilegalidades en el sector económico, en medio de un escenario de escasez y desabastecimiento generales, que condicionan tales infracciones.
Entre los principales cargos procesados durante los últimos meses se encuentran la figura de la propagación de epidemias, actividades económicas ilícitas, receptación, malversación, apropiación indebida, infracción de normas de protección a los consumidores y los hechos contra agentes de la autoridad como desobediencia, atentado, desacato y resistencia.
En la provincia de Holguín, la dirección comunista propuso crear “brigadas anticoleros” como solución a la reventa, el acaparamiento, el encarecimiento de los precios y el desabastecimiento de productos básicos que azota al territorio nacional: un modo de implicar a la población civil en las acciones represivas que sostiene el gobierno.
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