Una cubana residente en Pinar del Río fue sancionada a un año de privación de libertad, subsidiado por trabajo correccional sin internamiento, y a pagar además una multa de 300 cuotas de dos pesos cada una, por haber ofendido a un agente de la policía en la vía pública.
Según la información oficial emitida por la Dirección Provincial de Justicia, publicada en el periódico local Guerrillero, el hecho ocurrió el pasado 10 de agosto en la comunidad Hermanos Saíz, del municipio San Juan y Martínez, donde los oficiales de la PNR estaban custodiando la organización de una cola.
Sin dar más detalles, la nota señala que la ciudadana Naimey Pérez Hernández “ofendió públicamente con palabras obscenas” a uno de los uniformados que se encontraba en el lugar.
La mujer fue sometida a juicio en el tribunal municipal de San Juan y Martínez acusada de un delito de desacato, por el que fue finalmente condenada en un proceso penal cuya sentencia ya es firme.
También en la provincia pinareña, pero en el territorio cabecera, miembros de la policía detuvieron el pasado 3 de agosto en la calle al ciudadano Andy Maikel Fontes Pérez, en el momento en que estaba revendiendo desodorantes y tubos de pasta de dientes marca Colgate a ocho pesos convertibles (CUC).
A petición de la fiscalía, el hombre fue acusado por el delito de actividad económica ilícita. Tras celebrársele un juicio oral y público, fue sancionado por el tribunal municipal de Pinar del Río a pagar una multa de 200 cuotas de cuatro pesos cada una, además del decomiso de los artículos de aseo que le fueron previamente ocupados.
En los últimos meses el gobierno cubano ha centrado su atención en organizar y controlar las colas, que para muchos cubanos constituyen una de las principales fuentes de contagio de coronavirus, aunque el régimen no lo reconozca de manera oficial y solo achaque el reciente aumento de los casos a fiestas y reuniones familiares.
Ante la agravada escasez de alimentos y productos de primera necesidad, las fuerzas represoras se han volcado en la figura de los coleros, a quienes responsabilizan por el desabastecimiento de las tiendas, en lugar de a la ineficiencia económica del sistema.
En provincias como La Habana, policías vestidos de civil, con su pistola y sus esposas semiocultas en sus pantalones, se encargan ahora de organizar la entrada a los comercios como de su nuevo trabajo en las brigadas de anticoleros, el nuevo invento del régimen para evitar la presencia de revendedores y acaparadores.
Mientras, la prensa oficialista continúa divulgando noticias sobre los procesos judiciales seguidos contra los coleros.
En la propia provincia vueltabajera, el ciudadano Michel Delgado Blanco, fue sancionado por el delito de actividad económica ilícita a un año de privación de libertad, subsidiado por trabajo correccional sin internamiento, y al pago de 3 000 pesos, tras ser arrestado por agentes de la PNR cuando revendía a 30 CUC un ticket para entrar a la tienda La Capitana, donde se estaban ofertando equipos split.
Hasta mediados de agosto, en el territorio más occidental del país 79 personas habían sido advertidas por este tipo de conductas, a otras 74 se les realizaron acciones profilácticas y 22 se apercibieron. Tres fueron multadas y 21 se procesaron.
Además, se comenzaron nueve expedientes de interés policial vinculados con este fenómeno de venta de turnos y especulación con las mercancías.
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