La policía de Villa Clara decomisó diferentes productos agropecuarios, industriales y que se venden en los establecimientos comerciales de Cuba almacenados en cuatro casas de los municipios Coralillo, Sagua la Grande y Quemado de Güines, aseguró un reporte de la televisión estatal de la isla.
En Sagua la Grande se detectó que en una vivienda había más de 6200 libras de viandas y frutas que fueron adquiridos a diferentes productores, según declaró la persona que es acusada por las autoridades de ese municipio.
En Sagua también se decomisaron 147 paquetes de refresco Piñata, 80 de café Hola, 71 botellas de vinagre, 100 cajas de puré de tomate, 110 de gelatina y varias libras de carne de ganado mayor, embutidos y queso.
Más al oeste de la provincia, en Corralillo y Quemado de Güines se decomisaron otros productos adquiridos en la red minorista de comercio del país con el fin de ser posteriormente revendidos.
El informe de la prensa oficialista no explicó qué productos se decomisaron ni a cuánto ascendía su valor en el mercado, pero sí precisó que una cafetería vendía productos sin justificar y que la policía logró detener al supuesto abastecedor.
Una oficial del DTI en Villa Clara explicó que en cada uno de los casos se procedió a la detención de los sospechosos y que se lleva a cabo una investigación "para determinar posibles cadenas delictivas" y que se encuentran a disposición de los tribunales.
En medio de la aguda crisis sanitaria que vive el país, provocada por el nuevo coronavirus, la carencia de productos alimenticios y de aseo se ha recrudecido. La población ha tenido que someterse en los últimos meses a interminables colas para cubrir sus necesidades ante la incapacidad del gobierno cubano para dar una respuesta efectiva a la demanda.
Como solución no solo se ha agudizado el racionamiento sino que desde el discurso oficial se acusa a acaparadores y revendedores de ser los culpables de la situación y para ello se han destinado recursos materiales y humanos para hacerles frente.
Amparados en el Código Penal, en su artículo 230, las autoridades cubanas pueden multar, condenar a prisión o ambas a aquellas personas que incurran en ese delito.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, por su parte, señala que los enjuiciamientos públicos que se hacen en la televisión son un instrumento de intimidación para la población y fundamentalmente para el sector privado que se ve amenazado por el Estado.
¿Qué opinas?
VER COMENTARIOS (1)Archivado en: