Yuleimi de la Caridad Valdéz Coba, joven activista del proyecto Cuba Decide y delegada del Movimiento Democracia (MD) y miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), ha sido detenida por la policía y conducida a la 6ta Unidad de la Policía (PNR) de Marianao.
Según ha podido saber este diario, durante el arresto estuvo presente el jefe de Sector de esa localidad, conocido como Félix, quien, al parecer es el responsable también de la detención del miembro de Principio y Resistencia, Adrián Curuneaux Stevens, acusado de desacato.
La joven Yuleimi fue detenida ayer 10 de septiembre a las 9 de la mañana, en su casa de la calle 96 # 6722, entre 67 y 69, en el barrio de Pogoloti en Marianao (La Habana). Todo parece indicar que la operación policial se produce con la intención de enviarla a prisión.
La denuncia de esta detención fue realizada a través de Facebook por José Díaz Silva, líder Movimiento Opositores por una Nueva República. Según manifestó, se trata de “otra joven que pretenden mandar para prisión”, por su activismo que la ha llevado a ser delegada del MONR, la plataforma Cuba Decide y otras organizaciones de oposición.
Yuleimi de la Caridad, de 27 años de edad y madre de dos hijos (Erik Marques Valdéz Pino, de 11 años y Yosnei Diaz Valdéz, de 5 años), ya había sido arrestada el pasado 26 de enero, acusada del delito de atentado. Cinco días después fue puesta en libertad con una fianza de 2000 pesos.
Con este nuevo caso, se confirma una vez más que las autoridades represoras de la isla están intentando acallar un movimiento de protesta social que empieza a tomar unas proporciones inéditas.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), “unas 408 acciones represivas se produjeron en Cuba en agosto, de ellas 111 detenciones arbitrarias, lo que confirma el patrón represivo diseñado por el gobierno cubano para retener o sitiar en sus casas a los activistas de derechos humanos”.
Más allá de la represión política, el Observatorio denuncia que “una gran parte de la ciudadanía de todo el país sufre el hostigamiento gubernamental al intentar acceder o producir alimentos y otros productos de primera necesidad”.
“El Gobierno cubano aprovecha la crisis sanitaria, derivada del Covid-19, para extremar los mecanismos de control sobre la población, por medio de multas desproporcionadas y persecución de determinadas actividades económicas”, añadió el OCDH.
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