El Partido Comunista de Cuba (PCC) está viendo mermar su influencia en la sociedad cubana por el deterioro socioeconómico de la mayoría de la población, el prestigio y la influencia creciente de pequeños y medianos empresarios privados en sus entornos y por una reducción presupuestaria impuesta por la cúpula militar-empresarial, que también afecta a las llamadas organizaciones de masas.
La forzada dolarización de la economía contrasta con las maniobras de distracción de ministros y otros funcionarios, en la Mesa Redonda, donde actúan como bomberos intentando apagar un edifico en llamas; incendio del que culpan a Donald Trump y a los "acaparadores" de la economía informal; a la espera de aprobación de las esperadas reformas, que parecen alargarse hasta noviembre.
El escenario cubano demanda, además, satisfacer un viejo reclamo de los empresarios extranjeros acreditados en La Habana: reconocer jurídicamente a los privados nacionales, permitirles agruparse por gremios para facilitar la creación de empresas mixtas privadas, que tendrían sus sindicatos como garantía de los derechos laborales de sus trabajadores.
El gobierno cubano inicia una nueva estrategia económica tras fracasar en la aplicación de los lineamientos aprobados en el VII Congreso del hegemónico Partido Comunista de Cuba (PCC), y en medio de una crisis económica superior a la de 1994, con el agravante de que el ejecutivo se niega a reconocer el papel que los pequeños y medianos empresarios privados pueden desempeñar en el alivio y superación de la gran depresión.
El régimen castrista apenas ha logrado adaptarse a los cambios que hoy imprime la sociedad cubana y los discursos oficiales de la Presidencia de la República de Cuba están escasos de credibilidad, sumado a los frenos administrativos y represivos que desestimulan el crecimiento de la economía, los salarios y el consumo.
Las medidas anunciadas olvidan que cerca de 450 mil negocios privados abrieron en la última década y que estos han generado más de un millón de empleos, beneficiando a ciudades, barrios y pueblos, a partir de su actividad económica y la revalorización del patrimonio cultural, según los principios de la Economía Social y Solidaria.
La intención gubernamental tiene limitaciones porque pretende modificar la matriz laboral y transformar las empresas estatales, con pérdidas, en cooperativas no agropecuarias, lo que supone el traslado masivo de trabajadores estatales hacia el sector privado, pero apostando una vez más por la colectivización parcial de las actividades, sin los necesarios estudios y análisis previos.
Pese a la torpeza oficial, el sector privado de Cuba sigue siendo un motor económico notable porque se articula mediante relaciones formales e informales para sortear las carencias de un mercado mayorista y la falta de mecanismos regulatorios, que escamotean su derecho a obtener personalidad jurídica.
La regulación de las posibilidades de importación y exportación de los emprendedores, a través de las empresas del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), y la imposición del dólar estadounidense como moneda de referencia y divisa refugio, han paralizado cualquier intento de reactivación del comercio interior en Cuba.
Frente a la adversidad, el intercambio de experiencias entre propietarios y empleados es la fortaleza de los pequeños y medianos empresarios privados de Cuba para hacer frente al impacto de la COVID-19, permitiendo aumentar sus ofertas y desarrollar encadenamientos productivos, que repercuten positivamente en sus clientes y estimulan la actividad comercial.
Los espacios ganados por los privados frente a la clara incompetencia de los directivos estatales, son el resultado de su profesionalidad y de la exigencia ciudadana que reclama mejorar su calidad de vida, incluidos los servicios y los productos que compra o contrata; pese a la adversidad y trabas administrativas y legales del gobierno contra productores privados y clientes.
La persistencia y profundización de la crisis financiera del Estado cubano puede favorecer una reforma económica, pero limitada porque en el escenario persisten manifestaciones del centralismo burocrático amenazando cualquier iniciativa privada, aunque sea en forma de cooperativa.
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