En lo que va de año, las entidades bancarias cubanas han emitido una quinta parte del total de tarjetas magnéticas que circulan por el país.
El director de la empresa Servicios de Pagos Red S.A. (Redsa), Orestes Perdomo Santana ha informado que, de enero a octubre, su empresa ha procesado 1.7 millones de tarjetas magnéticas de las casi 8.2 millones que están activas en la Isla, según publica Granma.
Dichas tarjetas están asociadas a cuentas de pagos de salarios, cuentas en MLC, ahorros en CUP y pagos a jubilados.
El pasado 20 de julio, en plena pandemia y en medio de un gran desabastecimiento de productos de primera necesidad, los cubanos amanecieron haciendo colas frente al Banco Metropolitano de la calle Línea, en el Vedado, para solicitar la apertura de cuentas en Moneda Libremente Convertibles (MLC).
Decenas de personas con nasobucos se agolpaba a las puertas de la entidad con el fin de hacerse una cuenta y obtener una de estas tarjetas que les permiten comprar en las tiendas MLC alimentos y productos de aseo que no están disponibles en las otros establecimientos del país. Las imágenes se repitieron en distintas capitales cubanas.
La polémica apertura de las 72 tiendas MLC supone, a pesar de la eliminación del gravamen del 10% que se cobraba a los dólares estadounidenses, una estrategia para captar divisas que lesiona los derechos de los consumidores, cuentapropistas y ciudadanos cubanos en general.
Con las tarjetas MLC, el Gobierno se hace con la gestión de las divisas que entran en el país a través de remesas y pagos diversos. La imposibilidad de extraer dólares de estas cuentas supone una traba a las economías de las familias cubanas.
En agosto pasado, la compañía FINCIMEX anunciaba que no podía emitir más tarjetas de divisas, MLC o CUC debido a la alta demanda de las mismas por parte de la población, que superaba su capacidad de emisión de las mismas.
Las tarjetas AIS que oferta esta compañía operan exclusivamente con el envío de remesas desde el extranjero.
La decisión de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de suspender el envío de remesas a Cuba a través de compañías controladas por los militares cubanos, ha supuesto un duro golpe a las finanzas del régimen. El control absoluto de las remesas y su consecuente captación forzosa de las divisas que se manejan a través de estas, quedarán muy tocadas cuando entre en vigor la medida el próximo 27 de noviembre.
Las sanciones afectarán tanto a FINCIMEX como a las operaciones que realizaban las compañías VaCuba y Cubamax, dos empresas radicadas en Estados Unidos que tienen contratos establecidos con AIS para la entrega de tarjetas electrónicas para recibir dinero en la isla.
La Encuesta Nacional de Migraciones, publicada en diciembre de 2018 por la Oficina Nacional de Estadística de Cuba (ONEI), establecía que más de 3,5 millones de cubanos (3.547.523) tienen familiares en el extranjero. Este dato supone el 38% de la población mayor de 15 años (9.404.766) en la Isla.
Un informe de 2016 del Havana Consulting Group, exponía que “las remesas en efectivo enviadas a la isla alcanzaron una suma de 3.444 millones de dólares, mientras que las remesas en mercancías sumaron un estimado de 3.000 millones de dólares. Entre ambas, la población cubana recibió un total de 6.444 millones de dólares”.
El aumento experimentado este año en la demanda de tarjetas magnéticas se encuentra ahora ante un escenario futuro en el que, las remesas que recibe casi el 60% de las familias cubanas, se pretenden hacer llegar por intermediación de empresas no relacionadas con la élite político-militar del régimen.
La empresa Servicios de Pagos Red S.A. (Redsa) quizás empiece a perder el monopolio que ejerce en la emisión de tarjetas magnéticas si no busca la manera de adecuarse a la nueva normativa norteamericana que entrará en vigor. El dinero plástico que el régimen controlaba puede que empiece a volverse líquido en manos de esa población de la isla que recibe remesas.
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