Una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en agosto de este año, que podría revertir las decisiones de jueces de inmigración en Estados Unidos, entrará en vigencia a partir del próximo 15 de enero.
La nueva norma tiene como objetivo adelantar la decisión final de los procesos migratorios y facilitar la deportación de inmigrantes del país.
Debido a la orden ejecutiva, se verá afectada la capacidad de discreción de los jueces y sus sentencias podrán ser apeladas y revertidas por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA por sus siglas in inglés).
En agosto pasado, cuando el Departamento de Justicia emitió la orden ejecutiva, el gobierno de Trump dijo que esta traería “múltiples cambios en el procesamiento de apelaciones” y que perseguía “asegurar la consistencia, eficiencia y calidad de sus adjudicaciones”.
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) ha criticado severamente esta norma. Para la organización, esta podría afectar la percepción de equidad sobre el sistema de justicia estadounidense.
Según los jueces, los procesos legales de inmigración dependen de una interacción entre varias instituciones, entre las que se encuentran la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Control de Emigración (ICE).
La nueva norma plantea no respetar esta interacción. Algunos ejemplos concretos pueden ser, según los jueces, el cierre de un caso de un Menor No Acompañado (UAC) cuando su solicitud de asilo aún está pendiente ante USCIS, o el cierre administrativo de un caso de un menor que solicita protección bajo el amparo del Programa Inmigrante Especial (SIJ) ante un tribunal estatal.
Esta medida podría afectar a miles de emigrantes que viven hace años en Estados Unidos, a quienes podrían deportar de inmediato, aun cuando se encuentren involucrados en un proceso legal de inmigración.
La nueva norma podría afectar el cumplimiento del debido proceso, al reducir las posibilidades de la defensa para adquirir documentos o prepararse para el caso y otorgar el poder de decisión a una institución con intereses políticos sin el imparcial apego a las leyes que garantizan los jueces.
La abogada y exfiscal de inmigración durante 15 años en Florida, Rebeca Sánchez-Roig, dijo a Univisión: “El resultado de esta propuesta de regulación es deprimente. Le concede amplios poderes a un burócrata, a un político seleccionado por el gobierno a quien coloca entre sus manos poder e independencia para tomar decisiones rápidas, vertiginosas en sacrificio del debido proceso”.
Esta orden ejecutiva es parte de la política migratoria de tolerancia cero de la administración Trump que el presidente electo Joe Biden intentará revertir tras asumir el mandato el próximo 20 de enero.
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