La familia del rapero contestatario Denis Solís, uno de los integrantes del Movimiento San Isidro (MSI), arrestado por un presunto delito de “desacato”, lleva más de 20 días sin comunicarse con él, mientras cumple una condena de 8 meses de prisión.
Tampoco saben de su estado los miembros del MSI, quienes libraron durante varios días una huelga de hambre —y de sed en algunos casos— para exigir la liberación del artista.
Su tío, Vladimir González explicó que pidieron a los tribunales un traslado de Denis hacia una prisión común, ya que actualmente se encuentra en el centro de máxima seguridad conocido como Combinado del Este, en La Habana.
En una directa compartida por el reportero de ADN, Esteban Rodríguez, González aseguró que no había podido ver a su sobrino ni entregarle ropa y aseo, y denunció que los oficiales del Combinado impiden con evasivas que se entreviste con Solís ni entregue documentación legal y los paquetes que envía su familia.
De igual modo, la activista Anamely Ramos sostuvo que, cuando ellos indagan sobre el estado y el paradero del artista, cuya imagen ha sido atacada desde las plataformas gubernamentales, las autoridades dan información ambigua.
Ramos afirmó que el Movimiento San Isidro continuaría realizando acciones legales para poner a Solís en libertad. Solís fue condenado en noviembre por “desacato” tras celebrársele un juicio sumario, luego de un altercado verbal con un oficial de la policía que, al parecer, entró a la casa del rapero sin ninguna autorización para hacerlo.
Su caso ha alcanzado repercusión internacional, principalmente después de que un grupo de activistas, artistas y periodistas independientes se acuartelaran en la sede del Movimiento San Isidro, del 16 al 26 de noviembre, en protesta por la detención.
Pronto el gobierno activó sus aparatos represivos, y en función de ello ha sostenido un despliegue propagandístico para desacreditar la manifestación pacífica, llegando al punto de sugerir que Solís y los huelguistas estaban implicados en acciones terroristas y se desempeñaban como “mercenarios” pagados por el gobierno de Estados Unidos para atentar contra el país en un supuesto “golpe blando”.
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