El presidente Jair Bolsonaro aseguró que el aborto nunca sería legalizado en Brasil, si la medida dependiera de su gobierno.
“Lamento profundamente la vida de los niños argentinos, ahora sujetos a ser cortados en el vientre de sus madres con el consentimiento del Estado”, expresó Bolsonaro en un mensaje en Twitter refiriéndose a la legalización del aborto esta semana en Argentina.
Junto con la negativa a legalizar esa práctica en Brasil, el presidente agregó que “siempre protegerían la vida de los inocentes”.
Las declaraciones vienen impulsadas por la reciente aprobación del aborto de manera legal en Argentina por parte del gobierno que preside Alberto Fernández, país que se convirtió en el cuarto del área detrás de Cuba, Uruguay y Guyana Francesa en tener una ley de este tipo.
En Brasil las acciones para luchar por una ley que legalice el aborto de manera general se han visto paralizadas por la pandemia del COVID-19, por lo que estas declaraciones criticando a la decisión de Argentina desataron críticas de algunos usuarios en Twitter en contra del mandatario.
Otros, que a pesar de su formación religiosa están en contra del aborto, también reconocieron la necesidad de legalizar el proceso.
Aunque el país tiene leyes que legalizan esta práctica, solo está permitida en casos de violación, riesgo de muerte materna o anencefalia del feto. Las mujeres que clasifiquen en estos parámetros podrán abortar gratuitamente en cualquier instalación del Sistema Único de Salud brasileño.
En los casos de riesgo a la vida de la mujer o malformación congénita del feto, no existe límite de semanas para realizar el aborto, mientras en el caso de violación la interrupción se restringe a las 20 semanas de gestación o 22 semanas si el feto pesa menos de 500 gramos.
Fuera de estas causas, la interrupción del período de gestación en ese país sudamericano todavía es considerada una acción criminal a los ojos de la ley. La inducción del aborto puede llevar a la detención de uno a tres años para la mujer o para quien la ayude a realizarlo y a la persona que realizó el procedimiento le pueden condenar hasta a cuatro años de prisión.
Si el aborto no es consentido por la mujer, la persona que realizó la práctica puede recibir una condena de tres a diez años de cárcel.
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