La campaña electoral del expresidente Donald Trump pagó 2.7 millones de dólares durante dos años a personas y empresas que organizaron la manifestación del pasado 6 de enero en Washington, que derivó en el violento asalto al Capitolio de Estados Unidos.
Según un informe del Centro para una Política Reactiva (Center for Responsive Politics, con siglas CRP), ocho funcionarios de la campaña presidencial jugaron un rol crucial en la preparación de la marcha en protesta por el triunfo de Joe Biden, lo cual echa por tierra la afirmación de que el mitin fue una iniciativa de los seguidores de Trump.
“Pero es posible que no se conozca por completo el alcance total de los vínculos de la campaña de Trump con las protestas, debido al uso de empresas fantasmas que ocultan detalles de sus transacciones financieras y el papel central que jugó el ‘dinero oscuro’ en las protestas”, afirmó el CRP, entidad que chequea el uso que se le da al dinero en la política y en las elecciones norteamericanas.
En aquel acto, Trump incitó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio para impedir que los legisladores certificaran la victoria de Biden. Después, al conocerse el ataque al edificio, escribió en su cuenta de Twitter: “Estas son las cosas y los eventos que suceden cuando una victoria electoral sagrada y aplastante es despojada de manera tan brutal...”.
El documento del CRP de este viernes también critica el trabajo de la Comisión Federal de Elecciones (FEC), agencia reguladora independiente que hacer cumplir la ley de financiamiento de campañas, al asegurar que sus datos no dan necesariamente una imagen completa de los tratos de la campaña de Trump, pues “gran parte de su gasto se canalizó a través de empresas fantasmas, lo que dificulta saber a quién pagó la campaña y cuándo”.
Días atrás, la agencia de noticias Associated Press (AP) había denunciado que varias personas que recibieron permiso del Servicio de Parques Nacionales para participar en el acto en apoyo a Trump habían trabajado antes en su campaña de reelección.
De acuerdo con el CRP, esta situación “plantea nuevas preguntas sobre la falta de transparencia en el gasto de la campaña de Trump y el alcance desconocido de los vínculos del evento con los asistentes” del exmandatario.
Entre los implicados está Maggie Mulvaney, quien hasta el 23 de noviembre cobró 138.000 dólares como directora de operaciones financieras de la campaña, y para la manifestación del 6 de enero recibió un permiso de ‘líder VIP’.
Mulvaney es sobrina del antiguo jefe de gabinete de Trump, Mick Mulvaney, quien tras el ataque a la sede del Congreso abandonó su puesto en el gobierno como forma de protesta.
Otra de las funcionarias ahora en tela de juicio es Megan Powers, que ejerció como directora de operaciones de la campaña de Trump, una labor por la que cobró 290.000 dólares desde febrero de 2019 hasta el 23 de noviembre pasado. Powers recibió el permiso para ser gerente de operaciones de la marcha de Washington.
Asimismo, Caroline Wren, cuyo permiso la acreditaba como ‘asesora VIP’ de la manifestación, y Ronald Holden, ‘gerente detrás del escenario’, también habían recibido fondos de la campaña del líder republicano.
Según la información de AP, al menos tres de los funcionarios de la campaña de Trump cuyos nombres aparecen citados en el documento de permiso del Servicio de Parques Nacionales para participar en el evento del 6 de enero, ahora ocultan su vínculo con el mismo.
“Desactivaron o bloquearon sus perfiles de redes sociales, eliminaron tuits que hacían referencia a la manifestación y bloquearon a un reportero que hizo preguntas”, detalló la nota.
Los disturbios ocurridos en el edificio del Congreso dejaron un saldo de seis víctimas, entre ellas la del oficial Brian D. Sicknick, de la Policía del Capitolio de Estados Unidos.
Sicknick, de 42 años, respondió a los ataques y fue herido mientras se relacionaba físicamente con los manifestantes. Regresó a la oficina de su división y se desplomó. Murió al día siguiente en el hospital.
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