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EE.UU. reafirma que detenciones arbitrarias son inaceptables en las relaciones entre estados

El Secretario de Estado Antony J. Blinken advirtió que los detenidos se convierten en una moneda de cambio para las relaciones entre estados.

Embajada de Estados Unidos en La Habana (imagen de archivo). © CiberCuba
Embajada de Estados Unidos en La Habana (imagen de archivo). Foto © CiberCuba

Este artículo es de hace 3 años

El gobierno de Estados Unidos criticó este lunes que las detenciones arbitrarias sean utilizadas para ganar influencia en las relaciones diplomáticas y lo consideró un comportamiento inaceptable entre naciones.

Aunque la declaracióm del Secretario de Estado, Antony Blinken no hizo mención a ningún país específico, su llamado de atención pareció dirigido a gobiernos que mantienen rehenes para sacar provecho o entrablar negociaciones, como ha sucedido en fechas recientes con los regímenes de Venezuela y Cuba.

En el caso de Cuba, es conocida la prisión del contratista estadounidense Alan Gross, liberado tras cinco años de cárcel, y actualmente el caso de la cubanoamericana Alina López Miyares, condenada a 13 años de cárcel por un supuesto delito de espionaje.

El comunicado de Blinken advirtió que “la detención arbitraria en las relaciones entre estados es un problema grave”.

“Esto ocurre cuando alguien que viaja o vive en el extranjero, por ejemplo, un empresario, un turista o alguien que visita a un familiar, es detenido por el gobierno y acusado falsamente o condenado por el país en su pasaporte. Luego, se utilizan para ganar influencia en las relaciones entre estados. Se convierten en una moneda de cambio: un peón humano”, explicó Blinken, quien asumió el cargo con la administración de Joe Biden, sustituyendo a Mike Pompeo.

“Es completamente inaceptable. Y ya está prohibido por las convenciones internacionales de derechos humanos. Pero algunos países todavía lo hacen y nosotros, como comunidad global, tenemos que oponernos a ello”, apuntó el Secretario, que no mencionó explícitamente el nombre de Cuba, aunque se puede inferir a partir de sus declaraciones.

Según Blinken, este tipo de detención atenta contra de los derechos humanos y representa una amenaza para cualquiera que viaje, trabaje o viva en el extranjero. “Es hora de enviar un mensaje claro a todo gobierno que detenga arbitrariamente a ciudadanos extranjeros y trate de utilizarlos como palanca: esto no será tolerado por la comunidad internacional”, aseguró.

“Insto a más países a que se unan a nosotros para dejar en claro que la detención arbitraria no tiene ningún lugar en las relaciones entre Estados. Los seres humanos no son moneda de cambio. Se trata de una cuestión de derechos humanos y estado de derecho. Defenderemos a ambos, juntos”, concluyó.

La semana pasada, la profesora Alina López Miyares suplicó al presidente estadounidense Joe Biden que la ayudara a regresar a casa. “Tengo una dolencia renal crónica y no estoy recibiendo una alimentación adecuada… Mi situación empeora y pronto tendré que necesitar diálisis”, dijo la mujer, de 62 años, desde el centro de reclusión “Ceiba 4” en Caimito, provincia de Artemisa.

“Fui erróneamente acusada. Perdí mi trabajo, lo perdí todo. Por favor, todo lo que quiero es retornar a casa”, insistió. López Miyares fue arrestada a su llegada al aeropuerto de La Habana en un vuelo procedente de Estados Unidos, en enero de 2017.

El régimen de La Habana la acusó a ella y a su esposo, el exdiplomático cubano Félix Martín Milanés Fajardo, de proporcionar al gobierno estadounidense información de carácter secreto con perjuicio para la seguridad nacional.

López Miyares fungía como profesora en una escuela de Miami. Emigró con su familia desde Cuba, en 1969. Las leyes cubanas consideran que las personas nacidas en la isla siguen siendo ciudadanos nacionales, sin reconocerles la nacionalidad adquirida en otro país. Al momento de su arresto, la cubanoamericana había cumplido un proceso de repatriación para estar junto a su esposo.

A finales de 2014, el gobierno cubano utilizó al contratista estadounidense Alan Gross, preso en la isla por cometer supuestos "actos contra la integridad del Estado", como moneda de cambio para que Washington liberara a tres de los cinco espías castristas de la llamada Red Avispa. Los tres agentes devueltos al archipiélago mediante el canje fueron Antonio Guerrero Rodríguez, Gerardo Hernández Nordelo y Ramón Labañino Salazar.

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