Con la prohibición de 124 actividades profesionales que resultan decisivas para la recuperación de la libertad de expresión, el desarrollo económico y la prosperidad de los cubanos el gobierno de Díaz Canel también da un sonoro portazo a varias reivindicaciones históricas de la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas.
La detallada negativa a que se puedan ejercer por cuenta propia las profesiones relacionadas con la educación y los medios de comunicación social cierra cualquier cauce legal al desarrollo de emprendimientos de esta naturaleza, dando al traste con la aspiración de las iglesias a ejercer su legítimo derecho a proclamar el evangelio desde la educación y los medios de comunicación.
De este modo se niega la posibilidad, y me remito a la Doctrina Social de la Iglesia, de “asegurar a todos y a cada uno el derecho a una cultura humana y civil, exigido por la dignidad de la persona, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, religión o condición social social. Este derecho implica el derecho de las familias y de las personas a una escuela libre y abierta, la libertad de acceso a los medios de comunicación social, para lo cual se debe evitar cualquier forma de monopolio y de control ideológico, la libertad de investigación, de divulgación del pensamiento, de debate y de confrontación.
En la raíz de la pobreza de tantos pueblos se hallan también formas diversas de indigencia cultural y de derechos culturales no reconocidos. El compromiso por la educación y la formación de la persona constituye en todo momento, la primera solicitud de acción social de los cristianos.”
La “primera solicitud de acción social de los cristianos” ,que enuncia el Magisterio, ha sido negada por el gobierno cubano con su habitual empecinamiento, esta vez expresado en 124 prohibiciones concretas. Unas limitaciones que no solo niegan derechos elementales de todos los ciudadanos, sean o no creyentes, con ellas también se dificulta -de modo extremo- la eficaz colaboración de los cristianos para conseguir de un modo pacífico el regreso a la normalidad democrática que Cuba necesita.
La Iglesia Católica y las demás denominaciones cristianas tienen el derecho y la vocación de educar en unos valores que facilitan la convivencia, la fraternidad y el progreso. Pierden los dirigentes cubanos otra preciosa oportunidad de generar un proceso de normalización democrática en un país donde la desesperación y la violencia van ganando terreno de un modo exponencial.
Es una pena que el gobierno de Díaz Canel no comprenda la gravedad de esta hora en toda su magnitud y esté dispuesto a permanecer en el poder ignorando permanentemente los reclamos de libertad de los cubanos.
Tal ignorancia no es nueva, viene ocurriendo desde el 1 de enero de 1959, la única diferencia es que el tiempo transcurrido los deja sin espacio y credibilidad para inventarse nuevos culpables.
Que nadie se crea eso de “nunca es tarde si la dicha es buena”, porque la terca realidad nos indica que ya es tarde, muy tarde y los acciones correctas para hacer algo por la felicidad de los cubanos no terminan de aparecer por ninguna parte.
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