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Cuentapropistas cubanos que habían sido autorizados a ejercer el comercio mayorista han tenido que liquidar sus inventarios tras la cancelación de las licencias, otra medida del régimen reforzar el control de la economía y debilitar al sector privado.
Este miércoles, el gobierno informó en su cuenta de X que los trabajadores por cuenta propia inicialmente autorizados a la venta al por mayor de bienes nacionales o importados están realizando la liquidación de mercancías en tránsito y en plaza.
Por otra parte, el régimen prorrogó hasta el 30 de septiembre el plazo fijado para que mipymes privadas y cooperativas no agropecuarias (CNA) cuya actividad principal era la comercialización mayorista, ratifiquen que seguirán realizando dicha actividad, pero con la participación obligada de entidades estatales.
La Resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) de 2024 otorgó inicialmente 90 días para que estos negocios y cooperativas no agropecuarias, si expresan su voluntad de continuar ejerciendo el comercio mayorista, actualicen su licencia comercial. La nueva licencia debe especificar que la comercialización se realiza mediante contratos con entidades estatales.
Según informa el Periódico 26, de Las Tunas, ese plazo inicial ha sido extendido por cinco meses más.
"Igualmente tendrían hasta el 30 de septiembre para liquidar sus inventarios las mipymes y CNA cuya actividad secundaria era el comercio mayorista en diciembre pasado, pudiendo hacerlo de forma minorista, siempre que lo tengan definido en su objeto social y posean licencia comercial para ello", precisa la nota.
Sin embargo, los cuentapropistas no fueron incluidos en la prórroga.
Las autoridades recalcaron que "los trabajadores por cuenta propia de la actividad de comercio mayorista de bienes nacionales o importados, al cumplimiento del plazo establecido (que terminará en mayo próximo), culminan la liquidación de inventarios de mercancías en tránsito y en plaza, destinados al comercio mayorista o venta al por mayor".
Periódico 26 precisó que todos los actores económicos no estatales (incluidos los cuentapropistas), cuya actividad principal es la producción, podrán realizar la comercialización mayorista de sus producciones.
"Solo que no pueden comercializar de forma mayorista otros productos nacionales o importados, solo sus producciones", subraya el semanario oficialista.
El gobierno aclaró que se mantiene el comercio minorista en todos los actores no estatales que tienen aprobada la actividad, e informó que se aprobaron seis nuevos negocios conjuntos entre entidades estatales y mipymes privadas.
En diciembre pasado, el régimen canceló de oficio todos los permisos para la actividad de comercio mayorista a mipymes y cooperativas no agropecuarias que tuvieran esa actividad aprobada como secundaria en su objeto social.
La medida busca supuestamente "ordenar" el comercio mayorista y minorista en el sector privado, según la resolución de la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez.
De acuerdo con la normativa, aquellas empresas que no opten por ratificar alianzas con entidades estatales debían liquidar su stock de mercancías en un plazo máximo de 120 días.
Solo podrían hacerlo vendiendo sus productos de forma minorista, siempre que esté aprobado en su objeto social y posean la licencia comercial.
El cierre de estas licencias representa un nuevo golpe a la iniciativa privada en la Isla, dificultando el desarrollo de un sector que lucha por consolidarse frente a las restricciones impuestas por el Estado.
El gobierno sostiene que la empresa estatal socialista sigue siendo el actor fundamental de la economía, mientras que las formas de gestión no estatal cumplen un papel complementario.
No habla del lastre que supone la ineficiencia estatal. Solo resalta que la alianza con los actores económicos no estatales tiene como ventaja que permitirá utilizar infraestructura, transporte y experiencia comercial de las fuerzas del Estado.
El Ministerio del Comercio Interior solo aclara que las empresas privadas pueden seguir dedicándose al comercio minorista (venta a la población o prestación de servicios a la población), siempre que esté aprobado en su objeto social o proyecto y cuenten con la respectiva licencia.
Además, recalca que los trabajadores por cuenta propia no podrán ejercer el comercio mayorista. De hecho, la resolución cancela de oficio la inscripción de la actividad de comercio mayorista de bienes nacionales o importados a los cuentapropistas.
La restricción se impone en un contexto de profunda crisis económica en la Isla, con severos problemas de abastecimiento y un sector estatal incapaz de cubrir las necesidades básicas de la población.
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