Sala del Tribunal Provincial Popular de Matanzas Foto © Facebook / Tribunal Provincial Popular de Matanzas

Madre cubana lamenta que acusado por abuso sexual a su hija saliera absuelto

Una madre cubana se quejó de que el presunto abusador sexual de su hija menor de edad saliera absuelto luego de un proceso judicial en el que los informes de peritaje apreciaran veracidad en el testimonio de la niña.

El caso fue visto por el Tribunal Municipal de Matanzas, luego de un proceso de instrucción que tardó un año y diez meses, según el testimonio que la madre ha publicado en redes sociales, denunciando lo que considera un veredicto injusto.

Los hechos, según la madre, se remontan a una etapa en que ella y su familia cohabitaban con la familia de su entonces esposo, padrastro de la menor, entre los años 2016 y 2017. Por aquel entonces su hija, con nueve años de edad, solía jugar con otra niña que vivía en el inmueble familiar, hija de la hermana de su esposo con su marido, el presunto abusador.

Aunque ha sido considerado inocente por el Tribunal Municipal de Matanzas, la madre insiste en que su hija describió unos abusos que no podían salir de su imaginación y que fueron hallados como verídicos por el informe de los peritos.

Aunque en una primera revisión, efectuada en junio de 2019, los especialistas no otorgaron veracidad al relato de la menor -motivo por el cual se archivó la causa-, posteriores peritajes encontraron verídica su descripción de los hechos.

Al parecer, según refiere la madre, la exploración psicológica de la menor no fue correctamente realizada, por faltar la Validación de testimonio, un protocolo que se sigue para certificar la veracidad de testimonios en el caso de menores que relatan abusos y delitos que se cometen en la intimidad, y cuyas únicas pruebas consisten en el testimonio de la víctima.

Ante el archivo de la denuncia, la madre se dirigió a la Fiscalía de Matanzas para reclamar e interponer un recurso de inconformidad con la sentencia. Acto seguido, viajó a las oficinas de atención a la población del Consejo de Estado en La Habana, donde expuso su situación y, según afirma, recibió la atención adecuada y su caso fue catalogado como prioritario.

En octubre de 2019 la madre recibe respuesta a su recurso por parte de los funcionarios competentes del ministerio del Interior (MININT) de Matanzas. Según su relato, los oficiales que la atendieron le explicaron que el proceso había sido irregular, por no haberse realizado la Validación de testimonio de la menor en el momento en que fue atendida por los psicólogos, un procedimiento cuya exigencia desconocía incluso la propia madre.

El hecho de que no se hubiese practicado una correcta exploración psicológica de la menor, por la falta de este protocolo, según le informaron los funcionarios del MININT a la madre, había provocado una medida disciplinaria al jefe de instrucción, “por ser insuficiente su trabajo”.

Ante el fallo cometido en la instrucción del caso, se procede a realizar la validación de testimonio en el instituto de medicina legal de Matanzas, en presencia de un equipo  multidisciplinario de psicólogos, psiquiatras y otros especialistas. Este equipo confirma la veracidad del testimonio de la menor.

Dos meses más tarde, la madre y la niña son citadas en La Habana para una segunda validación de testimonio, realizada en el Centro de ayuda a niñas, niños y adolescentes. Allí son recibidas, pero se les explica que no había necesidad de pasar otra vez por ese protocolo, que no entendían por qué se les había citado, y que la veracidad de los hechos quedaba plenamente avalada por el informe del instituto de medicina legal de Matanzas y sus especialistas.

Una ampliación de denuncia hecha por la madre, en la cual refirió otros hechos que luego la hija le contó, relacionados con el visionado de material pornográfico a que fue sometida por el presunto abusador, dio origen a nuevos enredos burocráticos y a un par más de exploraciones psicológicas de la menor, esta vez cumpliendo con el protocolo establecido de validación de testimonio. En todas estas exploraciones, los equipos psicosociales dictaminaron la veracidad de los hechos.

Concluido el nuevo proceso de instrucción del caso, al acusado se le imputan los delitos de abusos lascivos y corrupción de menores por los que la fiscalía solicita la pena de siete años de privación de libertad. Según el testimonio de la madre, en el juicio celebrado el abogado defensor desarrolló una estrategia de sembrar dudas en todo el proceso, lo cual llevó a que el tribunal declarase absuelto al acusado, a pesar de las evidencias aportadas por los informes periciales.

“Esta es la historia de mi hija. Tengo muchas preguntas que hacerle a la justicia, a la vida, a Dios. Tengo un dolor más grande que la vida... Comienza aquí y ahora la otra parte de la lucha por la justicia  de mi hija. ¿Qué pasó, pregunto, qué pasó? Estoy en shock, lo admito. Hace mucho te juré y prometí JUSTICIA, aunque sea lo último que pueda hacer. Seguiré luchando contra tanta corrupción”, manifestó la madre.

Aunque fue considerado inocente por el Tribunal que lo juzgó, la madre se pregunta cómo es posible que esto sea así, cuando los informes de los peritos avalan el testimonio de la menor abusada sexualmente. La estrategia del abogado, los testimonios encubridores de la familia del presunto abusador, y quizás el hecho de que este ocupe un puesto comercial en la empresa de telecomunicaciones ETECSA, hacen sospechar a la madre de que las instituciones encargadas de ello no administraron justicia en el caso de su hija menor de edad.

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