La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) lanzó una alerta en la que afirma que el régimen cubano “reorganiza y combina las herramientas de su metodología represiva” a medida que aumenta su nerviosismo e inseguridad ante las acciones de la sociedad civil.
La preocupación del régimen por “el impacto” de estas acciones le ha llevado a afinar su metodología y mecanismos represivos, según la FDHC. En este sentido, la organización no gubernamental (ONG) enumeró una serie de prácticas que está implementando la seguridad del Estado en coordinación con otros órganos que participan de la represión en la isla.
Entre ellos, la FDHC señaló los asesinatos de reputación, los actos de repudio, el control directo y acoso físico a opositores y activistas, la instalación de cámaras de video-vigilancia, la imposición de multas arbitrarias, la violencia policial, entre otros.
“A partir del impulso que generó en el pueblo el accionar de los Movimientos San Isidro 27N y 27ENE”, la FDHC estas manifestaciones de la represión se han intensificado, dando cabida a otras formas de intimidación como las llamadas telefónicas y mensajes a través de redes sociales, el bloqueo del servicio de internet, la militarización de las colas y en general de las ciudades, o la presencia de altos funcionarios en acciones violentas contra la sociedad civil.
Utilizando el monopolio que ejerce sobre los medios de comunicación, el régimen cubano reforzó su campaña de difamación que intenta desacreditar a los “activistas, opositores y movimientos que exigen cambios concretos en la realidad que martiriza a la sociedad cubana”, afirma el comunicado de la Fundación.
“Los activistas miembros del movimiento San Isidro, periodistas independientes y opositores, han sido expuestos públicamente como mercenarios y personas de cuestionable reputación. El régimen utiliza perfiles falsos en las redes sociales para atacarlos”, añade.
Asimismo, subraya la reactivación de los llamados “grupos de respuesta rápida” con la misión de “protagonizar actos de repudio, amenazantes y tumultuarios, en medio de una grave crisis sanitaria”.
“Opositores, activistas, periodistas independientes y miembros de la sociedad civil que reclaman el respeto a sus derechos, son constantemente repudiados por turbas al servicio de agentes de la policía secreta de la dictadura”, alerta la FDHC en su comunicado.
Como viene siendo denunciado por los activistas y opositores cubanos, los órganos represores del régimen han personalizado la vigilancia permanente y el acoso que realizan sobre ellos, impidiendo en ocasiones su libertad de movimiento, en lo que constituye una forma encubierta de prisión domiciliaria sin orden judicial y sin siquiera encontrarse acusados.
Este control directo y acoso físico, asegura la FDHC, llega al punto de invadir los domicilios de activistas y opositores “con discursos amenazantes y en presencia de sus familiares”, o de impedirles desplazarse en busca de productos de primera necesidad en tiempos de un desabastecimiento generalizado.
“En medio de un océano de miseria y necesidades, la dictadura emplea miles de dólares y recursos humanos en instalar potentes y costosas cámaras de vigilancia frente a las viviendas de numerosos activistas y opositores”, agrega la Fundación.
En cuanto al bloqueo de los servicios de internet, señala que el régimen efectúa “apagones” para evitar que la sociedad civil se conecte y convoque manifestaciones o divulgue determinados eventos ante la opinión pública internacional. Como ejemplo, señala el bloqueo de redes sociales como Telegram, WhatsApp y Twitter, o el corte del internet celular cuando el asalto a los huelguistas que permanecían en la sede del Movimiento San Isidro.
“Opositores y miembros de la sociedad civil, como campesinos, religiosos, periodistas independientes, opositores e intelectuales, denuncian acoso telefónico y amenazas constantes contra ellos y sus familiares, así como amenazas directas de enviarlos a prisión”, indica la FDHC en lo que califica como uso amenazante de las llamadas telefónicas.
La militarización de las colas donde se expenden productos de primera necesidad, así como de ciudades en las que se ha incrementado la presencia de efectivos militares, llegando incluso al despliegue de fuerzas especiales, también fue denunciada.
Por último, la FDHC subraya la acción sin precedentes protagonizada por el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, quien atacó físicamente a activistas del 27N flanqueado por sus viceministros. “El gobierno espera que sus funcionarios establezcan con su ejemplo la norma de obediencia y violencia que esperan sigan sus subordinados”, concluye el comunicado.
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