El gobierno cubano convocó este lunes al Encargado de Negocios de Estados Unidos, Timothy Zúñiga-Brown, para quejarse del más reciente informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos, que acusa a Cuba de haber aprovechado las restricciones impuestas durante la pandemia para aumentar la represión contra activistas y opositores.
Una nota de prensa publicada por la Cancillería cubana señala que el Director General a cargo de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Carlos Fernández de Cossío, trasladó al diplomático estadounidense "el rechazo a las alegaciones engañosas y politizadas que sobre Cuba realizó el informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos de 2020".
El funcionario dijo que "el gobierno de Estados Unidos se aprovecha de modo oportunista de un tema tan sensible como los derechos humanos para su política de agresión contra países que no se subordinan al gobierno estadounidense, y que defienden el derecho soberano de sus pueblos a la libre determinación".
Hasta la noche del lunes no se había producido una reacción oficial de Washington a la airada queja del MINREX ante Zúñiga-Brown.
La nota de la cancillería afirma además que el informe, que define a Cuba como un "Estado autoritario", "se caracteriza por alegaciones e imputaciones que faltan a la verdad".
"En lo que respecta a Cuba, repite calumnias que grupos políticos de los Estados Unidos, con posiciones extremas contra Cuba, han formulado durante años como pretextos para la promoción de acciones hostiles y la imposición de medidas económicas coercitivas dirigidas a perjudicar el nivel de vida de la población cubana y castigarla por su respaldo al sistema político, económico y social que el país ha escogido libre y soberanamente", afirma el documento del MINREX.
El régimen cubano alegó que en ese país se cometen "violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos" vinculadas "al racismo, la xenofobia, la brutalidad policial, la tortura a prisioneros, las encarcelaciones prolongadas, el uso de cárceles secretas, el antisemitismo, el macartismo y otras formas de intolerancia religiosa e ideológica. A ello se agregan los asesinatos extrajudiciales en varias partes del mundo y las detenciones arbitrarias y prolongadas de personas inocentes".
En su defensa, Cossío aseguró que "Cuba goza de prestigio internacional en el ámbito de los derechos humanos, por los resultados que ha alcanzado en la promoción y protección de estos; por su tradición de cooperación con los mecanismos de las Naciones Unidas que se aplican sobre bases universales y no discriminatorias; y por el apoyo solidario del país a los esfuerzos de otras naciones en desarrollo para proteger los derechos de sus pueblos".
Recordó que la isla ha sido recientemente electa como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2021-2023 y es parte de 44 de los 61 instrumentos internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, el funcionario cubano no mencionó el incremento de la represión en Cuba, la cual sí fue recogida en el documento del Departamento de Estado en Washington.
El informe, que generó la ira del gobernante Miguel Díaz-Canel, acusa a la isla de haber aprovechado las restricciones impuestas durante la pandemia para aumentar las detenciones arbitrarias, los allanamientos ilegales de viviendas y los juicios simulados contra los ciudadanos cubanos.
En la introducción del texto, el secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó que las restricciones impuestas por el gobierno cubano siguen vulnerando la libertad de expresión, asociación, religión, creencias y movimiento de la población en la isla, que es reprimida si disiente o se manifiesta contra el régimen.
El documento asegura que "los funcionarios del Gobierno, por orden de sus superiores, cometieron la mayor parte de los abusos a derechos humanos", entre ellos desapariciones forzadas y torturas contra los disidentes políticos.
Agrega que "la libertad de prensa prácticamente no existe" y que el régimen cubano niega a los ciudadanos el derechos a formar partidos políticos.
El informe estadounidense sobre Cuba tiene lugar en un momento en que la administración Biden somete a revisión la política hacia la nación caribeña, bajo la consideración de que el pilar de las relaciones internacionales de Washington son los derechos humanos y la defensa de los valores democráticos.
Aunque el gobierno cubano ha albergado la esperanza de que Biden suavice su política hacia La Habana, no da pasos que faciliten el camino en esa dirección y se niega a admitir su sistemática violación de los derechos humanos.
Tras publicarse el reporte del Departamento de Estado, Díaz-Canel calificó de “indigna, inmoral y mentirosa” la mención realizada a Cuba y reiteró que Washington “acude a la infame retórica de siempre para calumniar a una isla heroica que sufre bloqueo criminal impuesto por el Gobierno de EE.UU, causando enorme daño al pueblo cubano".
Sin embargo, esas palabras fueron refutadas por decenas de cubanos que recordaron al mandatario los desmanes de su gobierno contra el pueblo.
Actualmente, en Santiago de Cuba, más de 40 opositores de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) al gobierno libran una huelga de hambre contra la represión y la violencia de que son víctimas constantemente por parte de la Seguridad del Estado. Sin embargo, el gobierno desoye el reclamo de estas personas, muchas de las cuales han debido ser hospitalizadas tras 17 días sin ingerir alimentos.
También se niega a revisar el caso del joven cubano Luis Robles, apresado en diciembre pasado por llevar un cartel pidiendo el fin de la represión en el país, y por el contrario le ha quitado el derecho a comunicarse con sus familiares tras negarse a colaborar como agente encubierto para los órganos de represión. El propio presidente Biden instó al régimen de La Habana a liberar a Robles, de 27 años, asegurando que nadie debería estar preso por llevar un cartel.
Casualmente este lunes Cuba ha vivido una violenta jornada de represión, con la detención de al menos siete opositores y el cerco a las viviendas de más de 10 activistas.
En el oriente del país fue detenida la doctora Nelva Ismarays Ortega, que atiende la salud de los huelguistas de UNPACU, y en La Habana fueron arrestados varios activistas, artistas y periodistas independientes: Esteban Rodríguez, Héctor Valdés Cocho, María Matienzo, Kirenia Yalit Núñez, Manuel de la Cruz y Luis Manuel Otero Alcántara.
Además, permanecieron sitiados en sus casas Yasser Castellanos, Iliana Hernández, Jorge Luis Capote Arias, Oscar Casanella, Abu Duyanah Tamayo, Camila Acosta, Iris Ruiz y Amaury Pacheco OmniPoeta.
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