Prisioneros canadienses denuncian red de corrupción en cárcel cubana

Prisioneros canadienses en La Condesa, Cuba, revelan vínculos de los guardias de la prisión con el mercado negro y la indiferencia de su embajada.

Ruel Campbell, Benjamin Tomlin y Vimalanathan Nadesu Foto © Facebook/Human Rights for Canadians and Foreign Captives in Cuba y Cortesía de familiares

Nuevos testimonios desde La Condesa, la prisión para extranjeros en Mayabeque, revelan una red de corrupción que conecta al mercado negro en Cuba con los oficiales del Ministerio del Interior (MININT) a cargo del penal y que agravan la ya acuciante situación de la falta de medicamentos, alimentos y asistencia consular por la que atraviesan los prisioneros canadienses.

“Necesitamos ayuda, necesitamos comida, necesitamos medicamentos, necesitamos un cónsul aquí y necesitamos que el pueblo canadiense sepa que hay un encubrimiento aquí. Y sé que esto contradice la narrativa que el gobierno canadiense está impulsando de que todo está bien aquí. No lo está”, aseguró el reo canadiense Benjamin Tomlin desde la prisión para extranjeros La Condesa, en un audio al que CiberCuba tuvo acceso.

La grabación, con interferencias de todo tipo, asemeja a una emisora fuera de dial. Ese sonido radiofónico parecería sacado de las transmisiones de Radio Martí por la onda corta que se escuchan en Cuba o de los partes radiales que a hurtadillas desde algún sótano escuchaban los judíos sobre el avance de los aliados en territorio tomado por los nazis.

La desesperación de tener los minutos contados obliga al interlocutor a atropellar las palabras, a omitir conectores gramaticales que armonizan una idea con otra. Sin embargo, el mensaje es claro.

¿Corrupción en La Condesa?

Nada ha cambiado para el resto de sus compañeros. Si acaso, la situación por la que atraviesan se ha deteriorado con la llegada de medidas restrictivas para evitar la propagación del coronavirus.

Simarjeet Buttar también dice necesitar una cirugía a la que se ve impedido por el mismo motivo que Tomlin. A Buttar le preocupa, además, la corrupción que, asegura, existe en el penal. Se trata de una práctica generalizada en la sociedad cubana que, al parecer, ha llegado a afectar a los inquilinos de La Condesa.

“La comida la tenemos que comprar afuera [de la cárcel] y es muy cara, nos cobran el doble y hasta el triple”, dijo Buttar. Esto se debe a la pobre calidad de la alimentación allí, que ya han denunciado anteriormente los primeros canadienses y que parece empeorar a medida que la crisis en Cuba progresa. Declaraciones de Vimalanathan Nadesu describen la comida con aspecto de “vómito”, imposible de definir y cuya ingestión le provoca trastornos digestivos.

La situación se agrava por la imposibilidad de los prisioneros de recibir visitas, como medida preventiva a la Covid-19. La última vez que los familiares de los reos lograron entrar a verlos en La Condesa fue en diciembre. Hace cinco meses. No obstante, sí existen otras personas autorizadas. Por ejemplo, cuentan los reclusos, hay dos mujeres que comercializan sus productos en la prisión para extranjeros.

“Ellos solo nos permiten comprar comida a una mujer de este pueblo que trabaja con esta gente”, aseguró uno de los reos refiriéndose a los guardias de la prisión.

“The jaba ladies”

En realidad, son dos revendedoras las que tienen acceso al penal con la anuencia de los guardias. Los precios de sus productos los fijan de acuerdo con las fluctuaciones de la bolsa negra o mercado informal. Por ejemplo, un litro de aceite cuesta 12 dólares y un pedazo de queso que no pesa ni 200 gramos cuesta 15 dólares, aseguran los prisioneros.

“No podemos sobrevivir así, y solo podemos comprarle a esta gente. También cobran por entrarnos la comida, a 5 dólares cada bolsa. Todas trabajan con los oficiales de aquí, es una corrupción muy grande. Y también escuché que los pollos que vienen en una caja, para las navidades también se los venden a ellas, en vez de dárselos a los prisioneros aquí. Ellas son conocidas aquí como ‘the jaba ladies’ [las señoras de las jabas] y todo eso se lo vuelven a vender a los prisioneros aquí”, precisó la fuente.

Es decir, que las revendedoras hacen también el papel de mensajeras entre los envíos de los familiares (que tienen prohibida la entrada a La Condesa) y los reos. No queda claro si la decisión de extender la prohibición de las visitas de familiares a La Condesa se debe realmente a la situación de la Covid-19 o a las ventajas económicas que, según testimonios a los que ha podido acceder CiberCuba, les reporta a los guardias del penal la venta de los productos de alimentación destinados a los presos. Lo cierto es que, al no poder recibir visitas, los reos dependen totalmente de las “jaba ladies”.  

En un artículo anterior, CiberCuba había reportado que las visitas a los reos fueron suspendidas desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, y solo fueron permitidas en dos momentos del pasado año: durante el verano y para las navidades. En aquel texto también se precisaba que desde diciembre los extranjeros prisioneros en La Condesa no han podido ver a sus seres queridos.

¿Qué hace la embajada de Canadá en Cuba?

Otra cuestión que molesta a los presos es que otras embajadas brindan apoyo a sus ciudadanos recluidos en La Condesa y sirven como puente para hacerles llegar productos de primera necesidad a los reos. También interceden en procesos de extradición y se muestran más empáticos en otras formas de asistencia, desde sus posibilidades.

Sin embargo, todos los reos canadienses con los que CiberCuba ha podido intercambiar aseguran que las autoridades de su país no han estado a la altura de otras representaciones consulares en la isla. Los canadienses atribuyen la falta de ayuda consular hacia ellos a la ausencia de funcionarios en su embajada en La Habana.

Según varios testimonios a los que CiberCuba tuvo acceso, la encargada de lidiar con las necesidades de los reos y sus familiares es Susana Martínez, de la que este medio no ha podido corroborar ciudadanía. Las fuentes consultadas aseguran que es cubana.

Nadesu también ha comunicado a Martínez su necesidad de atención médica, medicamentos y alimentos para contrarrestar la diabetes que padece, pero, según cuenta, “cada vez que llamo ella dice ‘Oh, eres diabético’”, dándose por enterada de sus dolencias.

Por tanto, la impresión de los reos se resume en las siguientes palabras de Tomlin: “Las personas que dirigen la operación aquí, o minimizarán lo que está sucediendo o simplemente te mentirán y no pasarán la información a nuestras familias”. También mostraron su malestar con una ayuda que recientemente les llegara de parte de sus familiares vía embajada.

Ruel Campbell cuenta que a su hermana la contactó “alguien de la embajada canadiense” para que donara dinero con el objetivo de hacerle llegar un paquete en La Condesa, pero ella no entendió “por qué tiene que pagar dinero para que un canadiense reciba un paquete”, precisa el prisionero. Campbell es ciudadano canadiense y fue sentenciado en Cuba a 25 años por tenencia de marihuana.

Por su parte, la familia canadiense de Nadesu abonó 250 dólares por cuyo valor el reo recibió “48 rollos de papel higiénico, pasta de dientes, cepillo de dientes, jabón, mascarillas y 1 kg de cereal” y nada de medicinas que él mismo había solicitado para tratar su diabetes y que en La Condesa no las hay, dice. Nadesu, quien también se queja de la comida del penal, se pregunta: “¿Qué esperan que comamos, papel higiénico aquí?”.

La asistencia consular no es suficiente

A Nabeel Stephan le resulta muy raro que una funcionaria en la embajada de su país, que es anglófono y francófono, les exija comunicarse en español. Su voz, aunque pausada, se escucha contrariada y pide ayuda a los medios de prensa para exponer lo que esta sucediendo. Lo mismo expresaron sus compañeros.

“Cuando llamo a mi embajada de Canadá es como si estuviera hablando con una operación dirigida por Cuba. Me han obligado a hablar en español y no entiendo bien el español”, dijo Ruel Campbell.

“Sé que parece increíble lo que les estamos contando, por eso les rogamos que investiguen y no hablen con Susana”, insistió Tomlin.

Tomlin cuenta que la embajada se negó a enviar una carta a su nombre, en la que solicitaba a las autoridades su expulsión de la isla. El canadiense y sus compañeros lamentan que otras embajadas han contribuido en la liberación o traslado de sus ciudadanos hacia el país de origen mientras la suya se niega.

“Sabemos que pueden hacerlo porque otras embajadas están dispuestas a hacerlo, pero el gobierno canadiense, o los cubanos que están dirigiendo el consulado canadiense, por cualquier motivo ni siquiera quieren reenviar la carta. Lo que realmente está sucediendo aquí, y queremos que entiendan esto, es que no brindan los servicios básicos que el gobierno canadiense dice que están brindando”, advirtió.

Otro de los reos, Radu Martin, también contó a este diario que su embajada se negó a servir de puente para enviar su documentación al abogado que lo representa con vistas a su libertad condicional. A Martin le fue otorgada su condicional en diciembre, según su testimonio, pero aún no ha sido liberado.

Uno de los reclamos de los prisioneros canadienses es precisamente que se ven obligados a cumplir sus condenas en la isla, sin posibilidad de extradición o libertad condicional. Hace aproximadamente cinco meses el gobierno cubano extraditó a la turista canadiense Ciorella Grossi, acusada en Cuba de matar a su marido en un hotel de Varadero, durante las vacaciones que la pareja disfrutaba en la Isla.

Desde el asesinato hasta la extradición no transcurrió un año. En cambio, los prisioneros canadienses en La Condesa llevan varios años encarcelados en Cuba.

En general, se percibe un grado de insatisfacción con la sección consular de su país en La Habana y, en especial con la funcionaria Martínez, que se encarga de asistir a los reos canadienses de La Condesa. La supuesta cubanía de Martínez es una de las razones por las cuales asumen que son cubanos los que están a cargo de la embajada de Canadá en Cuba. Otra razón tiene que ver con la disminución de personal canadiense en la embajada luego de los “ataques sónicos”, también llamados “síndrome de La Habana”.

Canadienses afectados por los ataques sónicos

“En 2018 hubo una nota de prensa del Gobierno canadiense diciendo que los canadienses no tenían nada que temer al ir a Cuba, esto fue después de los ataques sónicos”, recuerda Tomlin quien admitió que “estaba preocupado, y otros canadienses estaban preocupados”. Sin embargo, agrega, las autoridades le aseguraron que “no tendrías problemas allí, esto era solo para el personal diplomático”, en referencia a las consecuencias de los ataques.

“Desgraciadamente confiamos en eso, vinimos aquí y cuando tuvimos problemas con el gobierno cubano no tuvimos ayuda. Cuando pedimos ayuda al personal del consulado, responden que no, ‘no podemos hacer esto por usted’ o ‘esto es Cuba’”, lamenta Tomlin.

Reportes de prensa recientes sugieren que el gobierno de Canadá estaría considerando incrementar el personal diplomático en su embajada en La Habana y la duración de los puestos allí, de acuerdo con una carta enviada por funcionarios norteños a su ministro de Relaciones Exteriores, Marc Garneau, que contesta esta decisión argumentando con los daños cerebrales a consecuencia del llamado "síndrome de La Habana".

De acuerdo con el medio de prensa Global News el gobierno canadiense habría tomado la decisión al no existir nuevos casos de este síndrome diagnosticados. Sin embargo, la carta de los afectados al canciller plantea que, al gobierno de Canadá no revelar la existencia de nuevos casos, es imposible saber cuántos sufren de daños cerebrales en estos momentos, y menciona que al menos “25 nuevos casos de diplomáticos canadienses con daños cerebrales que datan de marzo de 2020 son estudiados por la Universidad de Dalhousie”.

Ante la nueva evidencia, el rotativo canadiense recordó que en octubre del propio año la cancillería le había confirmado que desde 2018 no se reportaban casos nuevos del síndrome de La Habana. De lo anterior se infiere que las autoridades canadienses han silenciado información sobre los más de una veintena de casos recientes que han presentado síntomas de lo que se conoce como "síndrome de La Habana", agrega el citado medio.

Desde 2018 el gobierno de Canadá redujo el personal diplomático en La Habana ante los efectos de los ataques sónicos que aún persisten en los damnificados y prohibió el acompañamiento familiar para los que laboran en la sección consular de La Habana. Estados Unidos, igualmente afectado, hizo lo mismo con su cuerpo diplomático.

En estos momentos más de una decena de diplomáticos han iniciado una demanda de 28 millones de dólares por los daños sufridos contra el gobierno de Canadá cuyas autoridades le instruyeron al inicio de los síntomas que guardaran discreción al respecto.

En respuesta a CiberCuba el Gobierno de Canadá ha insistido previamente en que “los funcionarios consulares están brindando asistencia a los canadienses detenidos”. En su más reciente comunicación a este diario un vocero canadiense manifestó no tener “nada más que agregar a nuestras respuestas previas a tus preguntas sobre este asunto”.

Ya los reos canadienses de La Condesa han manifestado haber sufrido represalias por parte de los guardias del penal por hacer públicas las condiciones de vida y de salud en las que se encuentran. Sin embargo, continúan denunciando lo que allí sucede. A decir de Tomlin, “no es solo por nosotros, no es solo por nuestras familias. Es por todos los viajeros canadienses que quieran viajar con pasaportes canadienses”.

Todas las traducciones del inglés al español hechas para este artículo son responsabilidad de la periodista.

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Annarella Grimal

Annarella O'Mahony (o Grimal). Aprendiz de ciudadana, con un título de Máster otorgado por la Universidad de Limerick (Irlanda). Ya tuvo hijos, adoptó una mascota, plantó un árbol, y publicó un libro.

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