Cuba modificará ley de procedimiento penal para aumentar represión política

Los cubanos tienen el derecho constitucional de acudir a las armas para combatir a los opositores al socialismo que pretendan cambiar el orden establecido, recordó el fiscal, quien avanzó que las próximas modificaciones del Código Penal reforzarán las potestades estatales para reprimir a los opositores en Cuba y en el extranjero, mediante mecanismos de cooperación judicial.

Fiscal José Luis Reyes Blanco Foto © Caribe TV

El gobierno modificará la Ley de Procedimiento Penal para aumentar la represión contra opositores, dentro y fuera de Cuba, anunció este viernes el fiscal José Luis Reyes Blanco, jefe de departamento en la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República (FGR).

"El estado tiene un conjunto de leyes y normas, empezando por la Constitución, que permiten el enfrentamiento a opositores internos y externos", aseguró Reyes Blanco en el programa especial Hacemos Cuba, conducido por el periodista Humberto López.

Aunque el programa televisivo no lo mencionó, la declaración del fiscal se produjo el mismo día en que el Tribunal Supremo Popular entregó cuatro proyectos de leyes a la Asamblea Nacional del Poder Popular para su procesamiento legislativo, entre ellos la propuesta de Ley de Proceso Penal. 

Los proyectos deberán ser aprobados en la próxima sesión de la Asamblea Nacional después de someterlos a consultas de los diputados y la población en general.

El fiscal Reyes Blanco mencionó solamente que la "ley de procedimiento penal será adecuada en los próximos meses".

El funcionario citó el Artículo 4 de la Carta Magna, que establece la irrevocabilidad del socialismo, califica de alto honor y deber supremo, su defensa; y como el más grave crimen, la traición a la patria, para la que contempla las más severas sanciones.

Los cubanos tienen el derecho constitucional de acudir a las armas para combatir a los opositores al socialismo que pretendan cambiar el orden establecido, recordó el fiscal, quien avanzó que las próximas modificaciones del Código Penal reforzarán las potestades estatales para reprimir a los opositores en Cuba y en el extranjero, mediante mecanismos de cooperación judicial.

Quien paga a mercenarios y el mercenario tienen diferentes posibilidades de retribuir y cobrar, apuntó Reyes Blanco, que tipificó regalos y recargas telefónicas como posibles delitos y señaló como supuestos comisores a todos los participantes en la cadena de financiación y recordó que las leyes cubanas permiten juzgar a personas en ausencia, que residen fuera de la isla.

Quienes financien, convoquen y coordinen acciones antigubernamentales, desde el extranjero, pueden estar sujetos a acciones del gobierno cubano para intentar juzgarlos, apelando a la cooperación jurídica internacional, aseguró el fiscal, evitando precisar si el Estado está contemplando la solicitud de extradición de cubanos residentes fuera de la isla, a partir de su supuesta implicación en posibles delitos establecidos en la legislación vigente y futura.

Reyes Blanco recordó la vigencia de la Ley Especial 88, que se ha aplicado, y tiene el propósito de sancionar aquellas acciones para subvertir el orden interno y el sistema político vigente, con penas de entre ocho y veinte años de cárcel; si los supuestos infractores emplean violencia, chantaje e intimidación y si actúan con ánimo de lucro, siendo remunerados o recompensados regalos o promesa de ventaja o beneficio.

La participación de un jefe de departamento de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República en el programa televisivo Hacemos Cuba, forma parte de una estrategia gubernamental en medios de comunicación oficialistas para argumentar las modificaciones previstas en el ordenamiento jurídico que afectará a las leyes de Tribunales, Procesos, Administrativo y Penal.

En enero, el fiscal José Luis Reyes Blanco exoneró al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez de un posible delito de propagación de epidemias, por su participación en un acto público en La Habana, que no cumplió las normas sanitarias gubernamentales ante la epidemia de coronavirus,

El fiscal determinó entonces, que la participación del presidente en los hechos denunciados no constituía una infracción administrativa ni contravencional y tampoco tipificaban el delito de Propagación de Epidemia que requiere se produzca el contagio o transmisión de la epidemia.

En abril, el gobierno cubano amenazó con enjuiciar a más de 3,600 habaneros que se negaron a pagar las multas por incumplimiento de las medidas sanitarias contra el coronavirus.

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Carlos Cabrera Perez

Periodista de CiberCuba. Ha trabajado en Granma Internacional, Prensa Latina, Corresponsalías agencias IPS y EFE en La Habana. Director Tierras del Duero y Sierra Madrileña en España.

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