La administración de Joe Biden acordó permitir que hasta 7,750 solicitantes de asilo varados en México ingresen a EE.UU. cada mes, explicó a CBS News el principal abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles que supervisa la demanda.
Según el nuevo acuerdo, la administración Biden se ha comprometido a procesar diariamente hasta 250 solicitantes de asilo considerados vulnerables por grupos de defensa y permitirles continuar sus casos legales en suelo estadounidense.
Aquellos elegibles estarían exentos de la política del Título 42, un edicto de salud pública de la era de Donald Trump según el cual la mayoría de los migrantes adultos solteros, y algunas familias con niños, continúan siendo expulsados de EE.UU. sin la posibilidad de solicitar asilo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha estado haciendo excepciones humanitarias a la regla del Título 42 durante meses. Sin embargo, según el acuerdo, la administración de Biden se comprometió a crear "un proceso simplificado para evaluar y atender" solicitudes que permitan a familias vulnerables ingresar al país., según Lee Gelernt, quien ha estado liderando las negociaciones en nombre de la ACLU. .
Las familias y las personas a las que se les permite ingresar legalmente bajo este proceso reciben citas para presentarse en los puertos de entrada designados. También se les hace la prueba de COVID-19 mientras se encuentran en México.
La semana pasada, CBS News informó que los funcionarios estadounidenses habían detenido la práctica de regresar en vuelos especiales a las familias migrantes encontradas en el sur de Texas, a cientos de millas de distancia de El Paso o San Diego, con el propósito de expulsarlas definitivamente a México.
Si bien la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo que había suspendido los vuelos en función de las necesidades operativas, Gelernt confirmó el lunes que la administración Biden acordó suspender la política como parte de las negociaciones. Gelernt señaló que el gobierno se reservó el derecho de reiniciar los vuelos "si considera que las circunstancias lo justifican".
Durante una audiencia ante un comité del Senado la semana pasada, el senador Josh Hawley, un republicano de Missouri, presionó al secretario del DHS, el cubanoamericano Alejandro Mayorkas, sobre si su departamento había detenido los vuelos "debido a la presión de los grupos de izquierda" y sugirió que la administración de Biden "podría participar" de un "litigio amistoso" con la ACLU.
Mayorkas negó ambos cargos y dijo que el DHS no toma decisiones sobre políticas debido a presiones externas.
"Soy abogado desde hace unos 35 años. El 'litigio amistoso' es un fenómeno con el que no estoy familiarizado", agregó Mayorkas.
Los representantes del DHS no respondieron a las preguntas formuladas por CBS News el lunes por la noche. El departamento reconoció anteriormente que estaba trabajando para "simplificar" un programa que permitiera procesar a los solicitantes de asilo más vulnerables.
En noviembre de 2020, Gelernt convenció con éxito al juez de distrito de los EE. UU., Emmet Sullivan, para que se uniera a otros dos jueces federales y dictaminaran que las expulsiones de niños no acompañados bajo la regla del Título 42 probablemente eran ilegales. La orden de Sullivan que bloqueaba las expulsiones de niños no acompañados se levantó a fines de enero, pero la administración de Biden eximió formalmente a estos menores del proceso del Título 42.
"Si bien se espera que estas concesiones salven vidas, no sustituyen la eliminación del Título 42 y la restauración completa del procesamiento de asilo", dijo Gelernt el pasado lunes.
El proceso que la administración Biden se ha comprometido a expandir es independiente de otro programa que ha llevado a la admisión de más de 10,000 solicitantes de asilo a quienes la administración Trump había requerido previamente que esperaran en México para sus audiencias judiciales.
A diferencia de los solicitantes de asilo procesados bajo la política de Permanecer en México de la era Trump, los migrantes que se benefician de las excepciones del Título 42 no tienen casos judiciales pendientes, ya que nunca se les permitió buscar refugio en los EE. UU.
A pesar de las excepciones, los funcionarios de la administración de Biden han dicho que continuarán con la política del Título 42 en el futuro previsible, declarando repetidamente que la frontera sur "está cerrada".
Durante los primeros tres meses completos en el cargo del presidente Biden, los funcionarios estadounidenses llevaron a cabo más de 295,000 expulsiones del Título 42 a lo largo de la frontera sur, expulsando a 49,000 padres e hijos migrantes que viajaban como familias, según datos del gobierno.
Sin embargo, en las últimas semanas, los agentes fronterizos estadounidenses han permitido que la mayoría de las familias migrantes permanezcan en los Estados Unidos mientras se resuelven sus casos, culpando a México de negarse a aceptar familias con niños menores de 7 años en el estado de Tamaulipas.
Aproximadamente el 65% de las familias migrantes encontradas a lo largo de la frontera sur en abril fueron procesadas bajo las leyes de inmigración de los Estados Unidos, en lugar de expulsadas bajo la autoridad de salud pública del Título 42.
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