Miguel Mora: quinto candidato a la presidencia de Nicaragua, arrestado por el régimen de Ortega

El arresto de Mora se suma al de otros cuatro precandidatos a las elecciones de noviembre desde que el régimen de Daniel Ortega comenzó su escalada represiva contra los opositores.

Miguel Mora, candidato de oposición a la presidencia de Nicaragua Foto © Twitter

El aspirante a la presidencia de Nicaragua, el opositor y periodista Miguel Mora, fue detenido el pasado domingo para ser investigado por “delitos contra la soberanía y la independencia” de su país, informó la policía. 

El arresto de Mora se suma al de otros cuatro precandidatos a las elecciones de noviembre desde que el régimen de Daniel Ortega comenzó su escalada represiva contra los opositores.

Mientras tanto, el canal de televisión digital 100% Noticias, que Mora dirigió hasta 2020, informó que agentes policiales allanaron la vivienda del comunicador y de su esposa, la también periodista Verónica Chávez, situada en un sector al sureste de Managua, la capital.

“La casa de Miguel Mora y Verónica Chávez está siendo allanada, no hay comunicación con nadie. Dentro de la vivienda está su hijo Miguelito, un niño con discapacidad”, escribió en su cuenta de Twitter el periodista Gerall Chávez, amigo de la pareja.

El arresto tiene lugar por "incitación a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares", en base a una ley que el Gobierno de Daniel Ortega aplica a los opositores, informó la entidad de orden público.

Es la segunda vez que el periodista es detenido por la Policía. La primera fue el 21 de diciembre de 2018, cuando fuerzas gubernamentales allanaron la televisora y arrestaron a Mora y a la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau. Ambos pasaron casi seis meses en prisión, acusados de “incitar al odio”.

Mora es el quinto opositor aspirante a la presidencia detenido en Nicaragua desde el 2 de junio, cuando la Policía detuvo a la periodista Cristiana Chamorro, que permanece bajo arresto domiciliario. Los otros tres son el exdiplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro.

El periodista era precandidato a la presidencia por el Partido de Renovación Democrática (PRD, evangélico) al que el tribunal electoral le quitó la personalidad jurídica en mayo, dejándolo fuera de participar en las elecciones del 7 de noviembre.

Como parte de la ola de arrestos, la Policía ya ha detenido también a dos empresarios, dos ex vicecancilleres, cuatro activistas opositores y dos excomandantes guerrilleros disidentes del gobernante Frente Sandinista.

Las detenciones ocurren a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega, de casi 76 años, aspira a su tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo.

El arresto de Mora fue condenado por las opositoras Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y Coalición Nacional. Ambas organizaciones han acusado a Ortega de pretender eliminar a todos sus rivales para poder reelegirse y gobernar por cinco años más.

Asimismo, la detención del periodista fue fuertemente denunciada por la administración del presidente estadounidense Joe Biden. Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., comunicó a través de Twitter la preocupación de su gobierno ante esta oleada represiva, y advirtió que “el mundo está mirando”.

“Miguel Mora-5to. candidato a la presidencia arrestado. El columnista Humberto Belli forzado al exilio, su familia aterrorizada, su casa saqueada. Los líderes del sector privado perseguidos. El mundo está observando”, indicó Chung.

El Gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, considera que las manifestaciones de 2018, que -según organismos humanitarios- se saldaron con 328 muertos y miles de exiliados, fueron un intento de golpe de Estado para apartar a Ortega del poder.

En esas protestas, la acción violenta de policías y paramilitares dejó 328 muertos, 2.000 heridos, cientos de detenidos y más de 100.000 emigrados y exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno reconoce 200 fallecidos.

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