El gobierno cubano defendió este sábado los procedimientos del sistema judicial contra los detenidos por las protestas masivas del 11J en Cuba, negando que fuesen condenados en procedimientos sumarísimos sin defensa.
En el Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), las autoridades “aclararon” a medios extranjeros cuestiones legales tras los sucesos, declarando que trabajan “de manera objetiva y transparente”, según un resumen del medio oficialista Cubadebate.
Al encuentro comparecieron el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro; la fiscal general Yamila Peña Ojeda; y la presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, Lilian María Hernández Doejo.
“Un número de los acusados de estos presuntos delitos ha decidido nombrar abogados y lo ha tenido, otros no lo han decidido. Se les ha dado todas las oportunidades”, dijo Remigio Ferro.
El funcionario informó que, hasta ayer, habían llegado a los tribunales solo 19 procesos judiciales, los cuales involucran a 59 personas, acusadas de cometer presuntos delitos.
“Se ha sembrado la matriz de que se trata de procedimientos sumarísimos, no lo son. En el argot judicial lo llamamos ‘proceso sumario’, es el equivalente al ‘procedimiento abreviado’, se pueden encontrar en diversas legislaciones del mundo”, sostuvo.
De igual modo, aseveró que los juicios transcurren apegados a lo establecido por la ley, incluyendo el derecho a la defensa, a nombrar abogados. También planteó que los juicios fueron públicos y que los acusados, además de tener la posibilidad de un abogado, pueden proponer pruebas para el análisis del caso, y poseen el derecho a la última palabra, informaciones que contradicen en general testimonios como los del caso del fotógrafo Anyelo Troya.
“Los tribunales cubanos constituyen un sistema de órganos y funcionan con total independencia de cualquier institución del país. Los jueces cubanos solo deben obediencia a la ley. Están circulando falsas noticias y comentarios con la intención de denigrar, cuestionar la legitimidad y transparencia con que los tribunales cubanos están procesando y juzgando los hechos”, señaló Remigio Ferro.
La fiscal general Yamila Peña Ojeda indicó que los casos procesados hasta el momento responden, en lo fundamental, a desorden público, instigación a delinquir, desacato a las autoridades, daños físicos y materiales generados por la violencia.
“Ha habido hechos contra personas, contra autoridades, contra bienes, no solo estatales, sino también personales. Hechos de extrema gravedad. Esos son los que hoy estamos investigando, determinando desde la participación de las personas que han sido detenidas, y otras que no lo han sido pero que están siendo llamadas a los procesos, con las pruebas pertinentes”, explicó.
“No solo lo que digan los acusados será tenido en cuenta, los órganos de investigación criminal somos los responsables de demostrar”, advirtió la fiscal general, quien enfatizó además que, a pesar de su prontitud, “no quiere decir que no se respeten las garantías de las personas, ni se les aperciba de lo que está establecido en la ley procesal vigente”.
“Ahora vienen los recursos de apelación, hay que tener en cuenta el principio de inocencia, la posibilidad de reproducir el material probatorio, de hacer un nuevo juicio. Tenemos la confianza de que nuestros abogados van a continuar, como lo han hecho hasta hoy y lo van a seguir haciendo, con ese mismo estudio eficiente de que cada caso. Confiamos en el valor justicia, en la verdad”, dijo Lilia María Hernández Doejo.
“Hay mucha información también de personas que han dicho que no aparecen, pero realmente se ha trabajado con mucha minuciosidad, las personas fueron trasladadas a los centros de detención para garantizar algo que está en la ley, que es un derecho constitucional y forma parte del proceso cubano”, agregó.
“Pensar diferente, cuestionar lo que está siendo el proceso, ni manifestarse. Es más, manifestarse constituye un derecho constitucional. El delito es incitar a disturbios, al desorden, a agredir, dañar, desobedecer y desacatar las indicaciones que van encaminadas a preservar el orden y la tranquilidad”, expuso Remigio Ferro.
Las autoridades advirtieron que la petición de amnistía que ha tenido popularidad en redes sociales, no es posible porque aún continúan las investigaciones y los procesos. Por otro lado, la amnistía no es una decisión judicial, sino política, por lo cual aclararon que no les corresponde tomar tal decisión y plantearon que ahora tampoco es el momento.
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