El Grupo de Turismo Gaviota expulsó al activista ambiental Alejandro Perdomo García por haber escrito un tuit donde se refería al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y le pedía irónicamente: "Ya nos puede devolver la internet que seguimos confundidos!!!"
Perdomo García hacía prácticas en una instalación turística como estudiante del curso de formación para Técnico Superior en Asistencia Turística. Tras el tuit, publicado el 11 de julio con motivo del apagón general de datos móviles en la isla para evitar la difusión de imágenes de las protestas antigubernamentales que sacudieron el país, la Facultad de Turismo denunció al estudiante a la corporación Gaviota, parte del conglomerado industrial-militar GAESA.
De inmediato, el delegado territorial del grupo, Roberto Enríquez Calzadilla, le abrió un expediente que terminó en su expulsión.
En el acta de la expulsión disciplinaria, que el propio Perdomo García ha colgado en Twitter, se lee: "Tuve conocimiento en fecha 12 de julio de 2021, mediante comunicación de la Presidencia del Grupo de Turismo Gaviota S.A., sobre información presentada por la Facultad de Turismo de La Habana, acerca de que ALEJANDRO PERDOMO GARCÍA, (...) se ha estado expresando en las Redes Sociales con criterios negativos y de irrespeto al Presidente de la República Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, lo cual fue comprobado al revisarse el perfil del mismo".
El acta también precisa que "la conducta de Perdomo García, al divulgar, expresar o promover manifestaciones de irrespeto a la figura del Presidente de la República constituye infracción grave de la disciplina laboral, tal y como establece la orden 18/2013, reglamento de Orden Interior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias... que considera como graves transgresiones, incompatibles con la condición de miembros de las FAR, 'divulgar, expresar o promover cualquier tipo de propaganda subversiva'."
También se cita una resolución del Grupo Gaviota, con fecha septiembre del 2016, segun la cual constituye "infracción grave de la disciplina laboral, que se deshonre, denigre, ultraje o menosprecie, o afecte en cualquier magnitud la imagen o prestigio de los cuadros del estado cubano".
Al final de la resolución 141/2021, con fecha 20/07/2021, el delegado territorial impone a Perdomo García la sanción disciplinaria de "separación definitiva de la entidad" disponiendo un periodo de cuatro años para la "rehabilitación del trabajador".
Perdomo García no es miembro de las FAR, sino un veterinario que intentaba empezar a trabajar como técnico en Turismo. Como ha explicado, no considera que el mensaje con su opinión sea una falta de respeto. En su denuncia, colgada también en Twitter, ha etiquetado al presidente Díaz-Canel, que no se ha pronunciado hasta el momento sobre el asunto.
“No podemos decir que no todos no son revolucionarios, yo creo que aquí ha habido gente confundida, manipulada por las redes. Ustedes saben que las redes trabajan con las emociones, y la gente tiene limitaciones, eso nosotros lo entendemos”, dijo Díaz-Canel sobre las manifestaciones.
“Hay gente confundida, hay revolucionarios incluso confundidos. Hay personas que vinieron a manifestar la insatisfacción que tienen con la situación que están viviendo, pero también hay un grupo de gente contrarrevolucionaria, mercenaria, pagada por el gobierno de EE.UU.”, añadió.
Tras las protestas masivas del 11 de julio, el gobierno cubano ha desatado una campaña de represión masiva que incluye detenciones, interrogatorios, amenazas, coacciones, desfiles intimidantes y el monitoreo de las redes sociales para detectar a posibles manifestantes o críticos de la Revolución.
Hasta el momento, más de 700 personas han sido detenidas, y unas 200 condenadas en juicios exprés sin garantías. La policía vigila las casas de los activistas, muchos de los cuales no tienen permitido salir a la calle o conectarse a internet.
Los medios de comunicación estatales, por su parte, denuncian a los manifestantes como "vándalos" y "saqueadores", mientras agentes de policía y de la Seguridad del Estado siguen yendo de puerta en puerta para hacer detenciones sin autorización judicial.
Muchos cubanos empleados por el estado que participaron en las protestas están preocupados por su seguridad laboral, mientras que aquellos con familiares detenidos han sido chantajeados con que si denuncian la situación en redes sociales las autoridades trataran a sus seres queridos con mayor dureza.
Según Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, las fuerzas represivas cubanas "están enviando un mensaje de terror para persuadir a las personas de que no regresen a las calles".
Aún así, las denuncias siguen saliendo a la luz.
El gobierno cubano, sin embargo, ha utilizado los medios oficiales para desmentir que haya represión o violaciones de los derechos humanos en la isla tras las protestas.
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