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La presión de Estados Unidos sobre el régimen cubano ha vuelto a poner en el centro del debate una pregunta clave: ¿cuántos presos políticos hay realmente en Cuba?
La interrogante cobra especial relevancia tras revelar USA Today que la administración del presidente Donald Trump dio un plazo de dos semanas a La Habana para liberar a prisioneros políticos de alto perfil como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, en el marco de contactos directos recientes.
Sin embargo, responder con precisión no es sencillo. Las principales organizaciones independientes que documentan la represión en la isla —Prisoners Defenders, Justicia 11J y Cubalex— manejan cifras distintas, aunque un análisis comparado revela más coincidencias de lo que aparenta.
Dos cifras clave: 775 y 1.250
Según el informe más reciente de Prisoners Defenders, publicado el 16 de abril de 2026 con cierre en marzo, en Cuba hay 1.250 “prisioneros políticos y de conciencia”. No obstante, esta cifra incluye varias categorías:
738 personas en prisión (convictos de conciencia)
36 presos políticos adicionales con privación de libertad
476 personas con restricciones fuera de prisión (arresto domiciliario u otras limitaciones)
Si se toma únicamente a quienes están efectivamente encarcelados, la cifra desciende a 774 personas.
Por su parte, Justicia 11J reporta actualmente “al menos 775 personas privadas de libertad por razones políticas”, una cifra que la organización define como un subregistro en actualización constante.
En términos comparables, ambas organizaciones coinciden prácticamente: 774 frente a 775.
Cubalex: otra forma de medir la represión
A diferencia de las anteriores, Cubalex no publica un contador nacional único actualizado. Su trabajo se centra en la verificación jurídica de casos concretos, especialmente excarcelaciones y procesos penales.
Entre sus datos más recientes destacan:
21 personas excarceladas verificadas en marzo de 2026
26 casos confirmados en abril de 2026
205 personas afectadas por sanciones políticas en el proceso de excarcelaciones de 2025
Al menos 7 que fueron devueltas a prisión
La organización sostiene que “cientos” de cubanos siguen encarcelados por motivos políticos, aunque no ofrece un total consolidado en tiempo real.
Por qué las cifras parecen contradictorias
La diferencia entre las cifras no responde necesariamente a errores, sino a distintas metodologías y universos de medición.
Prisoners Defenders incluye en su conteo tanto a personas encarceladas como a aquellas que permanecen bajo control penal fuera de prisión. En cambio, Justicia 11J limita su cifra principal a quienes están actualmente tras las rejas.
Cuando se comparan únicamente los casos de privación efectiva de libertad, las cifras convergen casi de forma exacta.
Cubalex, por su parte, adopta un enfoque distinto: en lugar de ofrecer un número global, documenta patrones represivos y valida casos específicos con base en evidencia jurídica y testimonios directos.
Cómo trabajan estas organizaciones
Prisoners Defenders analiza cada caso con especialistas en derecho penal internacional, con criterios estrictos de validación. Su lista es considerada restrictiva, aunque incluye también a personas bajo limitaciones de libertad fuera de prisión.
Justicia 11J se nutre de múltiples fuentes —familiares, activistas, redes sociales y documentos legales— y reconoce explícitamente la existencia de subregistro. Su metodología prioriza la verificación doble y un enfoque conservador.
Cubalex combina análisis jurídico, revisión de documentos judiciales y monitoreo de denuncias ciudadanas. La organización insiste en que la condición de preso político depende de la motivación del castigo, no del delito imputado.
Una cifra en el centro de la presión internacional
La coincidencia en torno a unas 775 personas actualmente encarceladas por motivos políticos refuerza el peso de las exigencias internacionales al régimen cubano.
En un contexto de crisis económica profunda y creciente presión externa, la liberación de estos presos se ha convertido en una condición clave dentro de las negociaciones en curso con Estados Unidos.
Más allá de las diferencias metodológicas, todas estas cifras deben entenderse como estimaciones basadas en los casos que estas organizaciones han logrado documentar y verificar, en un contexto donde el Estado cubano no publica datos oficiales ni transparentes sobre presos políticos. Esto implica que la cifra real podría ser mayor.
Además, como subrayan juristas y organizaciones como Cubalex, la condición de preso político no depende del delito imputado ni de la condena formal, sino de la naturaleza de la conducta castigada.
Cuando el sistema penal se utiliza para reprimir el ejercicio de derechos fundamentales, se está ante un caso de persecución política, independientemente de la tipificación legal utilizada por el régimen.
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