Belsi Abreu, vecina de Santa Cruz del Sur, Camagüey, criticó que las autoridades locales ignoraran su solicitud de una lavadora desde hace más de un año para atender mejor a su hija de 33 años con parálisis cerebral, retraso mental severo, epilepsia y debilidad visual.
"En julio de 2020 pedí de favor a Juana, la compañera de Atención a la Población en el Gobierno municipal, que tramitara mi necesidad de adquirir una lavadora. Me pidió un número de teléfono para llamarme, y nunca me dio respuesta", contó a través de una carta que envió a la columna Acuse de Recibo, del periódico oficialista Juventud Rebelde.
Abreu contó que por los problemas de su hija nunca pudo trabajar y como consecuencia de cargarla durante cinco años consecutivos tiene dos vértebras de la cervical comprimidas y artrosis.
"Cuando estoy en crisis no puedo levantar los brazos", alegó.
Después de esperar un año volvió a escribir al gobierno municipal y pidió que le permitieran comprar el equipo electrodoméstico en pesos cubanos, porque no tiene acceso a otro tipo de moneda y en el domicilio cuentan con el dinero de una chequera que facilitó Asistencia Social.
"Mi hija es como si fuera un bebé: Se orina y se defeca en la ropa, que tengo que lavarla primero con bastante jabón, luego pasarla por agua con cloro, y por último agua y jabón otra vez", concluyó.
Tras publicar la denuncia, el periodista José Alejandro Rodríguez cuestionó a las autoridades por la insensibilidad que muestran con este caso y sugirió que la madre cubana debería estar "en la prioridad número uno" cuando se vendan equipos eléctricos por crédito en moneda nacional.
"¿Es tan difícil ponerse en el lugar crítico de esta señora y sensibilizarse con su problema? Mientras tanto, ¿el Gobierno municipal no tiene una solución solidaria provisional para esa madre?", escribió el reportero cubano.
Desde principios de julio las autoridades cubanas valoraron la posibilidad de vender a crédito y en moneda nacional equipos electrodomésticos.
En Ciego de Ávila trascendió que ese proceso sería por circunscripción y formó parte de un paquete de medidas ante el desborde del sistema sanitario en la provincia.
Tras las protestas del 11J y como parte de las decisiones gubernamentales para enfrentar la crisis social que provocó el estallido en más de 60 localidades de Cuba, el gobierno de Díaz-Canel anunció las disposiciones para la venta por plazos a personas naturales, de bienes cuyos precios superen los dos mil quinientos pesos, como muebles, colchones, bicicletas y equipos electrodomésticos.
Los pensionados o beneficiarios de la asistencia social deberán mostrar una certificación de los ingresos por la Dirección de Trabajo o filial del Instituto Nacional de Seguridad Social, además de ser ciudadano cubano con domicilio permanentemente en el país, residir en la provincia donde se solicite la venta y tener más de 18 años de edad.
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