Más de 500 personas permanecen detenidas por participar en las protestas del pasado 11 de julio en Cuba, entre ellos 33 menores de edad, denunció la ONG defensora de los Derechos Humanos Cubalex.
Un listado elaborado por esa organización indica que al menos 823 personas fueron encarceladas durante y en los días posteriores a las manifestaciones, las mayores registradas en el país en las últimas seis décadas.De ellas, unas 250 han sido liberadas y el resto permanece en prisión, a la espera de juicios sumarios que muchas veces no cuentan con las garantías legales del debido proceso.
Cubalex, una ONG jurídica, refiere que hasta el momento permanecen encarcelados 10 jóvenes de 18 años, 10 adolescentes de 17 años, nueve de 16 años, tres de 15 y una de 14.
La Fundación para la Democracia Panamericana (FDP), con sede en Florida, maneja cifras similares a las de esta ONG, pero es difícil saber la cifra exacta dado el miedo de algunas familias y el secretismo sobre el asunto que maneja el régimen cubano.
A un mes de las protestas, este jueves circula una solicitud en redes para que el gobierno cubano libere a los detenidos, y donde se denuncia que "durante los últimos 63 años, quienes han disentido del Estado han sido repudiados y condenados a persecución, acoso, amenaza y reclusión penitenciaria bajo supuestos delitos comunes".
"El ejercicio de las libertades de expresión, de reunión, de asociación y de manifestación está limitado por políticas discriminatorias que, desde la misma Carta Magna, anteponen la defensa del Estado al respeto de los derechos humanos y civiles", expresa la petición.
Asimismo, pide que de inmediato el gobierno publique el número de personas que han sido detenidas desde el 11 de julio, y un desglose por género o sexo del número de personas que, hasta la fecha, han sido puestas en libertad, y de las que permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación.
Además, solicita la ubicación específica de los centros de reclusión donde estas se encuentran detenidas, y el desglose por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos del país.
También pide transparencia en los procesos legales y acceso a los registros de carácter público de los centros penitenciarios y del Tribunal Supremo, así como de los tribunales provinciales y municipales.
Según denuncias de familiares de algunos condenados y activistas los juicios sumarios que implementa el gobierno cubano contra los involucrados en las protestas se han desarrollado sin la presencia de abogados de la defensa y en ellos se han aplicado sanciones comunes a los implicados.
Es el caso del fotógrafo cubano Anyelo Troya, quien no vio a su abogado hasta que le fue aplicada una sentencia.
"En la legislación cubana no se garantiza abogado durante los interrogatorios, lo cual es una violación de la garantía del debido proceso según el derecho internacional", asegura Cubalex.
A pesar de estas denuncias el régimen cubano ha negado violaciones del debido proceso en los juicios sumarios, así como el encarcelamiento de menores de edad por participar en las protestas pacíficas del 11J.
El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, negó hace algunas semanas la existencia de estos juicios.
El funcionario aseguró que se trata de "procedimientos abreviados para los delitos menores" y afirmó que la Justicia cubana "cumple estrictamente con los principales instrumentos internacionales".
Sin embargo, activistas, organizaciones y familiares de los detenidos, afirman que el Gobierno intenta ejemplarizar al resto de la población para prevenir otro estallido social.
El pasado 11 de julio miles de cubanos salieron a las calles en más de 60 ciudades de la isla para pedir mejores condiciones de vida, así como alimentos, medicinas, vacunas contra el Covid-19 y, en esencia, un cambio de gobierno.
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