Las hermanas cubanas Lisdany y Lidianis Rodríguez Isaac, residentes en el municipio villaclareño de Placetas, cumplieron este domingo un mes de detención arbitraria por participar en las protestas del pasado 11 de julio.
Su madre, Bárbara Isaac Rojas, ha pedido desesperada que ambas jovencitas de 22 años sean liberadas, y se le permita a una de ellas estar junto a su pequeña hija.
"Solo pido que Dios me dé mucha fuerza para ayudar a mis niñas, las quiero libre junto a mi nietecita. Las amooooo", posteó en redes sociales.
"Pido libertad para mis hijas, les han destruido la vida mandándolas a prisión sin tan siquiera darle una oportunidad, por haber participado pacíficamente en una manifestación donde más de medio pueblo estuvo", expresó recientemente.
Denunció que el gobierno cubano ha separado a una madre de su hija pequeña, y demandó su libertad para que vuelvan a estar juntas.
Isaac Rojas afirmó a Radio Televisión Martí que las tres participaron en las manifestaciones pacíficas, y a los dos días oficiales de la Policía llegaron a su vivienda a las 2 de la madrugada y se las llevaron a una estación.
Relata que sus hijas no accedieron a irse a esa hora alegando que no se sentían seguras con ellos, según el reporte de la fuente.
Sin embargo, el 15 fueron citadas a comparecer en la estación y allí dejaron detenidas a las jóvenes, y ahora las acusan de desacato, vandalismo, propagación de epidemia y desórdenes públicos.
Afirma la mujer que a los detenidos del 11J les quieren achacar los mismos delitos, "cuando aquí en Placetas no hubo ni tiradera de piedras, ni rompieron vidrieras. Fue una marcha pacífica", subrayó.
A sus hijas, nacidas en un parto de cuatrillizas hace 22 años, las tienen bajo medida cautelar de prisión preventiva en la Cárcel de Mujeres de Guamajal en Villa Clara, y su madre asegura que aún no ha podido verlas ni hablarles desde que las encarcelaron.
Más de 800 cubanos fueron detenidos o llevados por las autoridades a paradero desconocido a raíz de las protestas masivas del 11J.
Actualmente más de 500 permanecen en prisión a la espera de juicios sumarios, en los que según varias denuncias no hay garantías del debido proceso.
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