La Corte Suprema de EE.UU. rechazó este martes la propuesta del presidente Joe Biden de evitar el restablecimiento del MPP, una política de inmigración implementada por Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México a la espera de sus audiencias.
La Corte señaló que el gobierno del presidente Joe Biden posiblemente violó la ley federal al intentar ponerle fin a un programa implementado por su predecesor.
El tribunal, con tres jueces liberales en desacuerdo, rechazó la propuesta de la actual administración de bloquear la decisión de un juez de Texas que requirió que el gobierno reactive la política "Permanecer en México", formalmente conocida como Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés).
Se desconoce cuántas personas resultarán afectadas por la decisión. Según el fallo del tribunal, el gobierno debe realizar un “esfuerzo de buena fe” para reiniciar el programa, aunque tampoco hay nada que le impida a la actual Administración intentar nuevamente ponerle fin al programa, según subraya la agencia AP.
El gobierno “no ha podido demostrar la posibilidad de éxito sobre la afirmación de que el memorándum que rescinde los Protocolos de Protección al Migrante no era arbitrario y caprichoso”, escribió la corte, aunque ninguno de los tres jueces en disenso -Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor- escribió una opinión en la que expresaran su postura del caso.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que lamenta que el máximo tribunal se haya negado a otorgar el bloqueo y señaló que seguirá impugnando la orden del tribunal de distrito.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) hizo un llamado al gobierno a presentar un argumento más detallado que pueda hacer frente al escrutinio de la Corte para poner fin al programa.
“El gobierno debe echar mano de todos los recursos disponibles para ponerle fin en su totalidad a este programa ilegal, incluyendo terminarlo nuevamente con una explicación más detallada. Lo que no debe hacer, es utilizar esta decisión como una cubierta para abandonar su compromiso de restablecer un sistema de asilo justo”, señaló Omar Jadwat, director del proyecto por los derechos de los inmigrantes de la ACLU.
La pasada semana, el Tribunal Supremo de EE.UU. había suspendido temporalmente la orden judicial emitida por el juez federal de Texas, el magistrado Samuel Alito, que obligaba a la administración de Joe Biden a devolver a los solicitantes de asilo al lado mexicano de la frontera mientras sus casos eran procesados.
El 14 de agosto, el juez Kacsmaryk había ordenado reponer el PPM en la frontera mexicana en respuesta a una demanda presentada por los gobiernos de Texas y Missouri, dos estados que buscan reimponer los severos controles migratorios del gobierno de Trump.
La administración Biden argumentó en su respuesta de emergencia que el presidente tiene “la clara autoridad de determinar las políticas migratorias” y que el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, es quien decide si a los solicitantes de asilo se les debe regresar a México.
Dijo también que reinstaurar abruptamente el PPM "causaría perjuicio a las relaciones entre Estados Unidos e importantes aliados regionales, entorpecería gravemente sus operaciones en la frontera sur y podría crear una crisis diplomática o humanitaria".
Biden suspendió la política de retorno a México en su primer día en el cargo, en enero, y el DHS la hizo efectiva en junio, aunque la entrada de inmigrantes con PPM a EE.UU. desde México comenzaron a procesarse desde febrero.
De acuerdo con estadísticas oficiales, más de 26,000 inmigrantes cubanos han cruzado la frontera mexicana para pedir asilo en Estados Unidos durante el presente año fiscal, que concluye el 30 de septiembre.
Se calcula que unos 8,000 cubanos lograron ingresar en territorio de Estados Unidos desde el 19 de febrero, luego que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) derogara la política de retorno forzoso al lado de la frontera mexicana.
El PPM fue establecido por la administración de Donald Trump y afectó a más de 10,000 cubanos. Muchos de ellos abandonaron la zona fronteriza o entraron de forma ilegal a territorio estadounidense, algunos utilizando bandas de traficantes humanos.
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