Una jueza federal despejó este miércoles la última duda jurídica sobre el destino de unos 350,000 haitianos en Estados Unidos: la jueza de distrito Ana C. Reyes emitió una orden formal confirmando que el bloqueo judicial que ella misma había impuesto en febrero ya no está en vigor.
El anuncio abre el camino para que la administración Trump proceda con las deportaciones, según reportó la prensa estadounidense.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití había expirado oficialmente a la medianoche del 27 de julio, pero la orden de la jueza de distrito era el paso formal necesario para levantar las protecciones que ella misma había impuesto meses atrás.
En su resolución, la jueza fue escueta:
«La orden del Tribunal, que había suspendido la fecha de entrada en vigor de la Terminación de la designación de Haití para el Estatus de Protección Temporal por parte de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem (...) mientras se llevaba a cabo la revisión judicial, ya no está en vigor».
El programa nació en 2010 tras el terremoto que mató a más de 200,000 personas en Haití y fue renovado por sucesivas administraciones durante más de una década.
La Corte Suprema autorizó su cancelación el 25 de junio, con seis votos a favor y tres en contra, al determinar que los tribunales de distrito no tienen facultad para revisar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre el TPS.
ICE ya actúa: Grilletes y presión para «autodeportarse»
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, fue directo NewsNation al describir la postura del gobierno:
«Los estamos persiguiendo ahora mismo. Estas personas pueden deportarse voluntariamente o las arrestaremos y las enviaremos de regreso. Así de simple».
En Springfield, Ohio, al menos 50 personas con TPS fueron citadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la última semana y salieron de sus entrevistas con grilletes electrónicos; quienes no se presentaron, fueron detenidos.
La activista Guerline Jozef, presidenta de Haitian Bridge Alliance, describió un cambio de táctica:
«En lugar de desplegarse masivamente en las comunidades, están usando estrategias para citar a las personas en sus oficinas o bien detenerlas o colocarles un monitor en el tobillo, diciéndoles que si no se 'autodeportan', se les volverá a llamar para presentarse dentro de un mes».
Jozef calificó la cancelación como «la mayor revocación de estatus legal en la historia reciente de Estados Unidos».
Impacto económico y humano
Cerca de 190,000 haitianos con TPS estaban empleados en el país y aportaban unos 5,900 millones de dólares anuales a la economía, además de pagar 1,600 millones en impuestos.
El sector de cuidado de ancianos es uno de los más golpeados: Westminster Communities of Florida ya despidió a 12 trabajadores haitianos -auxiliares de enfermería, personal de comedor y limpieza- y los sustituirá con empleados temporales.
Una proveedora de servicios de atención a largo plazo de la Costa Este, que pidió el anonimato a CNN, resumió la paradoja:
«Es una persona que realiza una labor importante que nadie más quiere hacer. Vamos a enviarla de vuelta a un lugar desconocido, devastado por la guerra y peligroso. Una mujer que ha pagado impuestos, que ha criado a sus hijos aquí y que ha echado raíces en este país. ¿Para qué? ¿Qué pretenden conseguir?».
La organización Global Refuge señaló la contradicción central: el propio Departamento de Estado clasifica a Haití como destino de «Nivel 4: No Viajar» y recomienda a quienes vayan que redacten un testamento y entreguen muestras de ADN para identificar sus restos.
La batalla legal sigue, pero el Senado bloquea la salida
El caso judicial supervisado por la jueza Ana C. Reyes no ha concluido: los abogados de los haitianos continuarán buscando pruebas de que la cancelación estuvo motivada por discriminación racial, argumento que la jueza había aceptado parcialmente pero que la Corte Suprema rechazó por falta de evidencia suficiente.
Los haitianos en Miami viven con miedo ante un escenario que consideran injusto tras décadas de contribución al país; unos 158,000 de los afectados residen en Florida.
La única salida legislativa visible es el proyecto H.R. 1689, que extendería el TPS haitiano hasta enero de 2029 y que fue aprobado en la Cámara de Representantes en abril con 224 votos a favor y 204 en contra.
El proyectó cuenta con el respaldo de los congresistas republicanos de Miami María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, pero permanece bloqueado en el Senado, donde el liderazgo republicano no lo ha puesto a votación.
Preguntas frecuentes sobre el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Qué significa el fin del TPS para los haitianos en EE.UU.?
El fin del TPS para haitianos significa que aproximadamente 350,000 personas podrían ser deportadas ya que pierden la protección temporal que les permitía vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Esta decisión ha generado incertidumbre y temor entre los afectados y sus familias.
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¿Cómo afecta el fin del TPS a la economía de EE.UU.?
El fin del TPS para haitianos puede tener un impacto económico negativo significativo. Se estima que los haitianos con TPS contribuyen con unos 5,900 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y pagan alrededor de 1,600 millones en impuestos. Sectores como el cuidado de ancianos podrían verse particularmente afectados por la pérdida de trabajadores.
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¿Qué opciones legales tienen los haitianos con TPS tras su finalización?
Con el fin del TPS, los haitianos afectados pueden enfrentar deportación, aunque existen esfuerzos legales y legislativos en curso. El proyecto de ley H.R. 1689, que busca extender el TPS hasta 2029, permanece bloqueado en el Senado. Mientras tanto, los abogados de los haitianos continúan buscando pruebas de discriminación racial en la cancelación del TPS.
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¿Cuál es la postura del gobierno de EE.UU. sobre el TPS para haitianos?
El gobierno de Donald Trump ha adoptado una postura firme en favor de la finalización del TPS, argumentando que el programa no debe ser una solución permanente. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha sido claro en su intención de proceder con deportaciones o presionar para que los beneficiarios se autodeporten.
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