El gobierno de Estados Unidos lamentó la muerte del opositor Pablo Moya, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide, quien falleció este jueves a los 65 años tras ser liberado de prisión con una licencia extrapenal.
“Nos entristece la noticia del fallecimiento de Pablo Moya Dela, una voz fuerte para los cubanos que buscan la libertad y un mayor respeto a los derechos humanos, enviado injustamente a prisión por protestar pacíficamente”, dijo en un tuit la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
El mensaje fue replicado por la cuenta de la Embajada de Estados Unidos en Cuba en la misma red social, donde igualmente se trasmiten las condolencias a familiares y amigos.
Moya había recibido una licencia extrapenal por parte de las autoridades cubanas, debido a complicaciones de salud. Desde hacía varios días, estaba hospitalizado en Santiago de Cuba.
“Pablo se encontraba cumpliendo una injusta sanción política, y hace alrededor de dos meses había sufrido golpes por parte de presos comunes al servicio de la Seguridad del Estado. Por este motivo, requirió atención médica que le fue negada, y como último y extremo recurso, inició una huelga de hambre”, explicó la UNPACU al dar a conocer la muerte del activista.
“Fue trasladado a prisión en estado grave, después de 40 días en huelga de hambre e incomunicado. Requirió de varios tratamientos y medicamentos que según su hijo no fueron completados porque están en falta”, señaló.
En las imágenes compartidas, se evidencia un notable deterioro físico del opositor. “Reclamamos justicia para todos nuestros valientes hermanos de lucha, para todos los que su muerte ha sido responsabilidad directa o indirecta de la dictadura”, dijo la UNPACU.
Tras la noticia, activistas de esa organización y opositores dentro y fuera de la isla compartieron el pésame con la familia de Moya y culparon a las autoridades cubanas por el fallecimiento del activista.
El vicecoordinador de la referida organización, Zaqueo Báez Guerrero, responsabilizó a la dictadura, a la Seguridad del Estado y a los oficiales de la prisión de Boniato de cometer abusos con los presos políticos.
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