Prensa oficialista llama a relanzar ofensiva contra "coleros" y acaparadores

Tan solo en Villa Clara, 176 revendedores han sido sancionados por la Fiscalía Provincial durante el último año.

Presuntos coleros en Villa Clara Foto © Granma

El diario oficialista Granma insistió esta semana en culpar a coleros y revendedores de la escasez y el desabastecimiento en las tiendas oficiales y publicó las cifras de los procesados por esos delitos en la provincia cubana de Villa Clara durante el último año.

A menos de un año de multiplicar el enfrentamiento popular contra un grupo de figuras nocivas que han proliferado con la escasez y el desabastecimiento, el problema persiste, diagnostica el periodista tras citar numerosos testimonios en distintas provincias.

"Basta asomarse a una tienda recién surtida, con alguno de los muchos productos que no logran estabilidad ni en los establecimientos en moneda libremente convertible, o fijarse en los grupos de venta que proliferan en Facebook o WhatsApp. Así sucede con electrodomésticos como neveras y ollas, con productos de aseo como cremas, perfumes y colonias, con las confituras, con alimentos como la leche condensada, el aceite y el pollo, con medicamentos, con los condones...", añade el reportero, citando ejemplos de ventas en distintos grupos de la red social Facebook.

En agosto del 2020, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel llamó a una campaña nacional contra "la actuación desfachatada de coleros, acaparadores y revendedores".

"Estamos actuando contra los pillos, los que se aprovechan de los demás; contra al actuar parásito que está involucrado en este tipo de manifestaciones, de gente que en su mayoría no trabaja, no aporta socialmente nada (...) que se aprovecha de nuestros problemas económicos para enriquecerse", dijo entonces.

Más de un año después, a pesar de la insistencia de la prensa oficial en el tema y las numerosas sanciones (que incluyen multas e incluso condenas de prisión), la situación con los revendedores sigue igual o peor en toda la isla. Una sencilla encuesta de Granma en las redes sociales generó en poco tiempo cerca de un centenar de comentarios similares, con anécdotas personales, denuncias, fotos, etc.

"El desparpajo con el que hoy se exhiben en las redes a sobreprecio, los mismos productos que buena parte de la población no consigue alcanzar, junto a los números telefónicos de quienes los tienen, indica que hay posibilidades de ir de frente contra los oportunistas", asegura el periodista.

Otro reportaje, publicado este martes, se centra en la provincia de Villa Clara. Esta vez, el diario oficialista reconoce que "el enfrentamiento a revendedores, coleros y especuladores no ha sido todo lo enérgico y sistemático que debía, lo cual ha derivado en la extensión de un asunto que daña al pueblo trabajador, que se ve obligado a pagar varias veces el valor de productos esenciales".

"Basta recorrer algunas de las calles de Santa Clara, o de otra ciudad de la provincia o del país, para constatar cómo a plena luz del día y sin que nadie los moleste hay decenas de revendedores ubicados en portales, aceras y otros lugares, donde se comercializa cualquier cosa sin importar la etiqueta de un origen legal o ilegal", dice el reporte.

"Aunque menos visibles físicamente, mucho más numerosos son los que operan desde las redes sociales, en grupos como Revolico Santa Clara y otras páginas en internet, desde las cuales promocionan sus productos, incluidos medicamentos", añade el periódico.

Sobre el tema, reconoce Granma, las opiniones de la población resultan diversas. "Mientras unos lo ven como tabla salvadora para resolver carencias, otros se quejan de los precios abusivos; en tanto la mayoría coincide en que no deben permitirse algunas prácticas dentro de este libre mercadeo, como la venta de medicamentos, por lo insensible, inhumado e inescrupuloso que resulta especular con la salud y el dolor ajeno".

El diario también informa que durante el primer semestre de 2021 se habían resuelto 61 procesos penales contra 78 personas juzgadas, que estuvieron vinculadas con la especulación y el acaparamiento, la apropiación indebida y las actividades económicas ilícitas.

Entre los artículos sustraídos figuran grandes cantidades de paquetes de detergente de diferentes tipos y gramajes, galones de peróxido, desodorantes, acondicionador para el cabello, perfumes y colonias, la mayoría de los cuales fueron desfalcados de tiendas y almacenes estatales.

También se ocuparon paquetes de pañales desechables, tubos de tinte para el cabello, champú de diferentes marcas, pasta dental, cremas para la piel y cosméticos, además de frijoles, arroz, cajetillas de cigarros, materiales de construcción como cemento y herrajes de diferentes tipos, utensilios eléctricos, resistencia de hornillas eléctricas, bombillos ahorradores, café, embutidos, carnes, aceites, leche en polvo, azúcar, cervezas de importación y nacionales, y otras bebidas alcohólicas.

De las 78 personas juzgadas, cinco fueron absueltas, pero el resto fue sancionado a penas de prisión, en algunos casos subsidiadas mediante el trabajo correccional. Además, se impusieron multas en aquellos casos en los que la cuantía, conducta mantenida con anterioridad y posterior al delito, más la condición de primarios resultaba conveniente, detalló Gómez Montero, quien añadió que, en todos los casos, se impuso la sanción accesoria prevista en el Artículo 43 del Código Penal, correspondiente al decomiso de los efectos e instrumentos del delito, es decir, de todos los bienes y artículos que fueron ocupados.

Varios de estos artículos pudieron haber sido comprados en las tiendas que venden en MLC, o en las otras; sin embargo, fue evidente que la mayoría cayó en manos de los revendedores "a través de las fisuras del descontrol en comercios y almacenes, sustraídos en complicidad con personal de esos centros", asegura Granma.

Durante el último año, la Fiscalía de Villa Clara lleva un total de 217 procesos sumarios, por los delitos de especulación, acaparamiento y actividad económica ilícita.

En ellos, han sido sancionados 176 ciudadanos del territorio, de los cuales 13 fueron privados de libertad, 55 sometidos a trabajo correccional con internamiento, 64 a trabajo correccional sin internamiento, 11 a limitación de libertad, y a 33 se les aplicaron multas.

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